A pesar de que el gobierno no logró subsanar todas las deficiencias identificadas por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en la ley que garantiza los fondos para elevar el pago de las pensiones de los policías al 50% del salario que recibían al jubilarse, el director ejecutivo del ente, Robert Mujica, afirmó que no detendrán, “por ahora”, la ejecución del estatuto, que busca hacerle justicia a los agentes del orden público.

No obstante, Mujica advirtió que “la Junta de Supervisión se reserva el derecho de tomar las medidas que considere necesarias” para evitar la implementación y el cumplimiento de la Ley 112 de 2024, así como para anularla, si el reglamento para su entrada en vigor –pendiente de aprobación– no cumple con la ley Promesa.

“Esperamos que tales acciones sean innecesarias”, indicó el ejecutivo en una misiva con fecha del 25 de octubre.

Según el ente fiscal, las diferencias respecto al estatuto, que enmienda la Ley de Máquinas de Juegos de Azar, están relacionadas al lenguaje y los mecanismos utilizados para asegurar que la legalización y regulación de las máquinas de juego no registradas se haga de una manera que cumpla y sea consistente con el propósito legislativo, que es garantizar la financiación del Fideicomiso de Retiro de la Policía, al tiempo que se es fiscalmente responsable y se cumple con el Plan Fiscal y el Plan de Ajuste de deuda.

“Aunque la ley no resuelve todos los problemas planteados por la Junta de Supervisión, sí incluye muchas de las disposiciones propuestas”, reconoce Mujica en la misiva cursada al director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero.

Según la JSF, la certificación brindada por el gobierno sobre el impacto de la ley en los gastos e ingresos, según dispuesto en la Sección 204 de Promesa, tiene supuestas deficiencias, un argumento que ha planteado la Junta en otros escenarios, como con la aprobación de Ley 41 de 2022 -declarada nula-, que buscaba restituirles a los trabajadores del sector privado algunos de los derechos laborales que perdieron con la aprobación de la reforma impulsada por la Ley 4 de 2017.

“Dada la colaboración de la Legislatura y el compromiso demostrado para modificar las leyes de máquinas de juego para garantizar el cumplimiento de Promesa, el Plan Fiscal y el Plan de Ajuste... la Junta de Supervisión continuará trabajando con el gobierno, incluso, respecto a las reglamentaciones de implementación de la ley, para garantizar que la ley cumple plenamente con Promesa, el Plan Fiscal y el Plan de Ajuste. Al hacerlo, la Junta se reserva todos sus derechos”, expuso Mujica.

El director ejecutivo de la Aafaf, por su parte, rechazó la posición de la JSF respecto a la certificación, y sostuvo que las reservas del organismo responden a supuestos “tecnicismos para preservar argumentos legales respecto a otra legislación que la Junta pretenda impugnar a futuro”.

“A pesar que la medida mantuvo ciertas disposiciones que preocupaban a la Junta, en la carta, la Junta reconoce que la Ley 112 adoptó la mayoría de las disposiciones propuestas por esta previo a su aprobación. De ahí que no se vislumbre que haya obstáculo alguno para su implantación, una vez se apruebe la reglamentación aplicable para su entrada en vigor”, expuso Marrero.

Una de esas disposiciones que mantuvo la ley y que preocupaban al ente fiscal es la ventana de dos años que se le concede a los dueños mayoristas de máquinas para pagar las tarifas de licencia pendientes, una vez entre en vigor el estatuto. La JSF también había expresado la necesidad de aumentar la participación general del gobierno en los ingresos del juego.

“Desde que se promulgó la Ley 112, las entidades gubernamentales concernientes han estado trabajando paralela y simultáneamente, en comunicación con la Junta, para ejecutar los pasos necesarios para su implementación, incluyendo la preparación y aprobación de la reglamentación aplicable a la expedición, manejo y fiscalización de licencias de las máquinas de juegos de azar”, apuntó Marrero.

La reglamentación, según dispuesto en la ley, la está trabajando la Comisión de Juegos. El documento, sin embargo, está sujeto a la política de revisión de reglamentos de la JSF. “La Comisión ha discutido y compartido borradores con la Junta, y el reglamento se encuentra pendiente de su aprobación”, agregó el titular de la Aafaf.