La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) exigió al gobierno que paralice la implantación de una ley, firmada en 2024, que aumentaría el umbral de costos que activaría la obligación de los municipios de realizar subastas para la contratación de proyectos de construcción, un monto que superaría las regulaciones en todos los estados de Estados Unidos.

La Ley 141-2024, firmada por el pasado gobernador Pedro Pierluisi, aumentó de $200,000 a $500,000 el tope de costos en los que puede incurrir un ayuntamiento al otorgar un contrato de construcción sin licitación. A modo de excepción, se dispuso que el umbral incrementaría hasta $1 millón en períodos de emergencia declarada por el propio alcalde, el gobernador o el presidente de Estados Unidos.

El director ejecutivo de la JSF, Robert F. Mujica, en la carta que envió al nuevo director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Francisco Domenech, subrayó que solo Hawái y Colorado –con $250,000– cuentan con umbrales más elevados del que ya existía en Puerto Rico.

“La Ley 141 desincentiva la competencia del mercado y aumenta la probabilidad de que los municipios enfrenten costos más altos para proyectos de construcción. Además, este cambio se aparta de la responsabilidad fiscal que busca la ley Promesa”, escribió Mujica el 21 de enero.

La carta aludió a estudios divulgados por una organización de alcaldes de Estados Unidos, que estimó que los procesos competitivos reducen los costos entre 26% y 39%, así como a análisis de España y Alemania, que arrojan resultados similares.

Pese a las reservas con la medida, Mujica aclaró que la JSF “entiende la importancia de facilitar la contratación de proyectos de construcción y mejoras públicas, particularmente en tiempos de emergencia”, por lo que el organismo está abierto a negociar potenciales excepciones “exclusivamente en casos de emergencias declaradas, contingente a la creación e implantación de salvaguardas para garantizar la responsabilidad fiscal de la ley y el cumplimiento con Promesa”.

Mujica –en la misiva con copia a la gobernadora Jenniffer González y los presidentes legislativos, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez– pidió garantías de que las disposiciones del estatuto no se pondrán en vigor hasta que se logre un acuerdo para introducir enmiendas.

En el escrito, no se precisa cómo el gobierno central vedaría la implantación de la ley, que es de aplicación a los municipios.

Según Mujica, la pasada administración tampoco cumplió con la entrega de las certificaciones correspondientes de impacto fiscal de la Ley 141, por lo que requirió a la Aafaf que provea la documentación en o antes del 31 de enero.

“Incluso si la Ley 141 no tiene impacto sobre los ingresos, prácticamente garantiza que los costos de contratos municipales en el rango de $200,000 a $500,000 (otorgados) sin competencia incrementarán”, subrayó el director ejecutivo de la JSF.