La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) certificó este miércoles la revisión del plan fiscal del gobierno central y aprobó el presupuesto del año fiscal 2024-2025 que someterá para evaluación de la Legislatura, en una reunión pública en la que quedaron plasmadas las diferencias con la administración de Pedro Pierluisi sobre las condiciones requeridas para la salida del organismo.

Según el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, en el escenario más optimista, el primero de cuatro presupuestos balanceados consecutivos que la ley Promesa requiere podría certificarse al concluir este año fiscal, lo que choca con la interpretación del gobernador.

El mandatario –quien puede participar, pero no votar en las reuniones del ente que controla las finanzas públicas del país– planteó, en primer lugar, que no era consciente de que la JSF daría paso al presupuesto, ascendente a $13,062 millones, que la Asamblea Legislativa tendría a su consideración, como parte del trámite que Promesa delinea. Acto seguido, cuestionó parte del lenguaje que la JSF incluyó en el plan fiscal certificado, en lo referente a los requisitos que se tendrán que cumplir para el cese de sus funciones.

“El mandato expreso de Promesa es ayudar a que Puerto Rico logre responsabilidad fiscal y acceso a los mercados de capital. Dicho eso, el plan fiscal no debe promover procesos de micromanejo del gobierno y sus corporaciones públicas, que pudieran perpetuar la existencia de la JSF”, puntualizó Pierluisi, quien agregó que instruyó a su equipo a “analizar” y, de ser necesario, “retar” cualquier requisito incorporado al plan fiscal que exceda los parámetros de Promesa.

Tras la reunión pública –que se celebró de manera virtual–, Mujica confirmó, en rueda de prensa, que la interpretación del organismo es que los cuatro presupuestos balanceados consecutivos que Promesa requiere para su disolución deben ser aprobados por la Legislatura y firmados por el gobernador, lo que eliminaría de la ecuación el presupuesto del año fiscal 2022-2023. Ese presupuesto fue certificado unilateralmente por la JSF, luego que la Legislatura no llegara a un acuerdo.

“Todo el gobierno tiene que actuar para pasar un presupuesto que se considere aprobado por el gobierno”, señaló Mujica.

Previamente, al asumir su turno durante la reunión, Pierluisi había planteado que el presupuesto que se certificará en las próximas semanas, para el 2024-2025, se convertiría en el cuarto balanceado consecutivo. “Esto quedará claro en los siguientes estados financieros auditados”, insistió Pierluisi.

Mujica, en contraste, expresó en la reunión –y reiteró en la conferencia de prensa– que los estados financieros auditados deberán regirse por los estándares modificados de contabilidad acumulada, un mecanismo que excluye de los ingresos disponibles los fondos que hayan estado guardados en reservas fiscales y que, dijo, se utiliza en estados como Nueva York, donde fue director de Presupuesto hasta su reclutamiento en la JSF. Bajo ese método contable, el presupuesto del 2022-2023 tampoco se consideraría balanceado, recalcó Mujica.

Aunque es un estándar “complicado”, Mujica insistió que el cumplimiento “no es imposible”.

Las aparentes discrepancias entre Pierluisi y la JSF también se extienden a los requerimientos para evidenciar “acceso a los mercados de capital”, que el gobernador igualmente censuró, al considerar que exceden la intención de Promesa.

“Dejemos que los mercados hablen”, declaró el gobernador.

Posteriormente, el director ejecutivo, en sus comentarios a los medios, sostuvo que el plan fiscal enumera y exige el cumplimiento con los distintos factores que evalúan las casas acreditadoras al asignar el grado de inversión a un emisor de deuda, argumentando que, “de esa manera, no es tan ambiguo y abierto”.

Al momento de esta publicación, la JSF no había divulgado el nuevo plan fiscal certificado para el gobierno central. En la reunión, también se certificaron los planes fiscales de la Compañía de Fomento Industrial y la Corporación del Fondo de Interés Apremiante.

Como parte de su intervención, Pierluisi solicitó a la JSF que, en aras de encaminar la transición hacia su salida y reducir los costos y “burocracia excesiva”, libere a las entidades públicas que cuentan con niveles de deuda manejables y estén al día con sus estados financieros auditados de los requisitos de Promesa, como la preparación de planes fiscales.

Según su portal, además del gobierno central, la JSF considera nueve corporaciones públicas como “entidades cubiertas”, categoría bajo la cual también caen los municipios.

En lo relacionado con el presupuesto para el año fiscal entrante, Mujica atribuyó la confusión del gobernador –quien estipuló que se reservaba su derecho a someter comentarios posteriores– a un “malentendido”.

“Hubo unos problemas de comunicación, pero no hay nada ahí (en el presupuesto enviado a la Legislatura) de lo que él no sea consciente. El presupuesto no lo estamos certificando, sino enviando a la Legislatura y, como mencionó el presidente (de la JSF, David Skeel), el gobernador tendrá la oportunidad de revisarlo nuevamente una vez la Legislatura actúe”, insistió.

Al abundar sobre algunas de las partidas denegadas en mayo al enviar al gobierno una “notificación de violaciones”, Mujica indicó que la JSF se mantiene abierta a asignar dinero adicional a la Comisión Estatal de Elecciones de cara a los comicios generales de noviembre, pero que, a la fecha, no tiene ante sí ninguna petición de reprogramación.

“Los recursos no deben ser un problema para tener unas elecciones justas y exitosas”, repitió Mujica a lo largo de la conferencia de prensa.

Según el director ejecutivo de la JSF, en el presupuesto aprobado, también se incluyeron partidas para la descentralización de Departamento de Educación y el Plan Integral de Reconstrucción Social y Prevención de la Violencia –que inicialmente se habían denegado–, pero sujetos a que el gobierno presente planes concretos.

Algo similar ocurrirá con los $102 millones para suplementar el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, cuyas condiciones se mantienen bajo discusión con las autoridades del centro decente.