La secretaria designada del Departamento de Justicia, Janet Parra, detalló, este jueves, las medidas que la agencia implementará para las víctimas y testigos con estatus migratorio irregular, cuyos casos se estén dilucidando en los foros judiciales.

La titular indicó que, como parte de las directrices que impartió, se le requirió a los fiscales y procuradores de asuntos de menores que se aseguren que los técnicos de servicios a víctimas hayan gestionado el referido para el trámite del visado correspondiente de las personas involucradas en los casos.

De igual forma, Parra sostuvo que se “ha instruido en cuanto a que no podrán negarse a firmar una certificación, o una solicitud de visado, aduciendo que el caso no ha culminado o que la cooperación de la víctima no ha terminado”.

La secretaria, a su vez, señaló que todo fiscal deberá asegurarse que las víctimas o testigos con estatus migratorio irregular permanezcan acompañados por técnicos de servicio a víctimas mientras dure su comparecencia en los procesos ante el tribunal.

Parra agregó que, además, solicitó al personal que se comuniquen con las víctimas y testigos identificados con estatus migratorio no definido “para auscultar qué servicios adicionales necesitan y conocer el estatus de las solicitudes de visado ya tramitadas”.

Asimismo, aseguró que, de ser necesario, los técnicos colaborarán en el seguimiento de los trámites pendientes y tramitarán una certificación que establezca que las personas involucradas en los casos que manejan reciben los servicios del programa de asistencia a víctimas de delito.

“Confío que, con estas medidas, no solo aseguremos la continuidad de los casos ante los tribunales y las investigaciones en curso, sino que también brindemos protección y apoyo a las víctimas y testigos de delito que, independientemente de su estatus migratorio, colaboran con el Ministerio Público en el esclarecimiento y el procesamiento criminal de sus casos”, expresó la titular al dar a conocer el protocolo implantado ante las políticas migratorias del presidente estadounidense, Donald Trump.

“El mensaje es claro, independientemente de su estatus migratorio, ninguna víctima sobreviviente de violencia de género debe temer acudir a las autoridades para denunciar a su agresor o agresora, en el Departamento de Justicia contamos con los recursos y el personal especializado para hacer los referidos que correspondan y colaborar en los trámites de visado que sean requeridos”, aseguró la secretaria.

El pasado martes, El Nuevo Día supo que Parra había solicitado los nombres de víctimas y testigos con estatus migratorio irregular en los casos que manejan tras participar en una reunión de la gobernadora Jenniffer González con los jefes de las agencias federales en Puerto Rico.

Al siguiente día, la secretaria aseguró que la petición de información fue para “gestionar los programas de ayuda existentes”.

Sin embargo, debido a que el requerimiento de información no incluía contexto adicional o explicación sobre el propósito de la solicitud, el mensaje creó confusión entre algunos de los funcionarios que lo recibieron.

Algunos de los que conversaron con este medio bajo condición de anonimato indicaron que querían creer que se trata de una medida para proteger esas personas.

En cambio, otros dudaban de las intenciones y temían de las repercusiones que podría tener y a dónde podía llegar esa información

Como parte de los casos que atiende Justicia, la agencia opera varios programas que ofrecen asistencia, como compensación a víctimas de delitos y protección de testigos, que no requieren que los beneficiarios especifiquen su estatus migratorio.