El Departamento de Justicia firmó un acuerdo con el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico para compartir datos sociodemográficos de víctimas sobrevivientes de violencia doméstica, con miras a que su análisis sirva como base para crear estrategias y políticas de prevención de feminicidios íntimos.

Particularmente, Justicia compartirá la información que los fiscales recogen en las evaluaciones de riesgo que realizan a las sobrevivientes de violencia doméstica durante el procesamiento criminal de los agresores.

“Compartir estos datos con una institución de prestigio, que desarrolla datos con base científica, epidemiológica y poder ver mapas de prevalencia, para mí, es algo bien importante que nos va a abrir los ojos a todos y a todas, tanto a nivel público como privado, para saber dónde tenemos a mujeres con mayor riesgo, qué medidas de política pública debemos fomentar, qué conductas en comunidad debemos atender para proteger a las mujeres”, sostuvo la fiscal Laura Hernández Gutiérrez, directora de la División de Coordinación de las Unidades Especializadas de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores de Justicia.

El documento que el Ministerio Público emplea, desde finales de 2023, fue desarrollado por la doctora Jacquelyn Campbell, de la Universidad Johns Hopkins, y evalúa la peligrosidad que rodea a la víctima a manos del victimario. Los fiscales utilizan esta herramienta científica para orientar a las sobrevivientes sobre los recursos de ayuda disponibles, a base del nivel de riesgo de feminicidio íntimo que arroje el cuestionario, que tiene un 87% de confiabilidad.

“Recibimos mucha información que, con un análisis adecuado y ponderado, puede ayudar a (crear) planes de prevención de feminicidios íntimos porque esta herramienta no mide la recurrencia, mide el peligro de muerte”, indicó la fiscal, quien mencionó que varias organizaciones que atienden la violencia machista les acompañaron en la firma del acuerdo.

Por su parte, la doctora Idalia Rodríguez Ayuso, epidemióloga del Instituto de Estadísticas, destacó que, mediante el acuerdo, quieren “utilizar esta información para identificar el perfil de estas mujeres”.

“Eso incluye edad, municipio de residencia, municipio donde ocurren los hechos, nivel de peligrosidad, y son 20 preguntas que tiene este documento. Entre estas preguntas, se encuentran las amenazas con armas, los estrangulamientos no fatales, los celos extremos, el abuso de sustancia y el comportamiento controlador, entre otros”, precisó.

Para proteger la información confidencial de las víctimas sobrevivientes, los datos se enviarán al Instituto de manera anonimizada, es decir, sin el nombre ni dirección de residencia. Aunque estos cuestionarios se realizan desde diciembre, el análisis del Instituto comprenderá datos de todas las regiones judiciales, de junio a noviembre de 2024.

“Lo que estamos buscando es que esta víctima se proteja, se le den las herramientas para identificar que estás en riesgo y debes tomar acciones protectivas para evitar que esta persona pueda cometer (una acción) en tu contra, y de esta forma, se previene. También, vamos a poder identificar en qué cuarteles se reciben más querellas por nivel de peligrosidad, lo que te da a entender que, cerca de esas áreas, hay un mayor riesgo”, explicó Rodríguez Ayuso.

La epidemióloga destacó que el análisis a realizar será de frecuencia y cruzado para identificar dónde hay mayor incidencia de los indicadores incluidos en el cuestionario. La información tiene validez científica, señaló la doctora, pues las preguntas son validadas, han sido puestas a prueba y se crearon a base de la información de las víctimas de violencia machista.

Hernández Gutiérrez precisó que este análisis puede servir como base, por ejemplo, para que la Policía coordine patrullaje preventivo en ciertas zonas donde las mujeres tienen mayor riesgo de muerte o para que las organizaciones de base puedan dirigir sus esfuerzos de educación y prevención a las conductas que mayor riesgo representan para la vida.

“Necesitamos planes que nos ayuden a prevenir no solamente a nivel de ley y orden, sino comunitario, que la gente conozca cuáles son estas edades más expuestas en Puerto Rico, dónde es que se cometen estos actos, dónde ellas viven, cuáles son los riesgos de mayor prevalencia. Esto nos puede dar una información que las posibilidades son muchísimas”, agregó.