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Justicia no detectó la posible comisión de delitos en las compras que hizo el gobierno de pruebas de COVID-19

Lo único que recomendó la agencia dirigida por Inés del C. Carrau Martinez es referir a Juan Maldonado al Tribunal Supremo para que evalué su conducta como abogado notario

11 de noviembre de 2020 - 8:56 PM

Nota de archivo
Esta historia fue publicada hace más de 4 años.
Juan Maldonado de Jesús, representante legal de Apex General Contractros, durante su ponencia ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes el 11 de mayo de 2020. (tonito.zayas@gfmedia.com)

El Departamento de Justicia concluyó que la compra irregular y a sobreprecio, $40 millones, de pruebas para detectar COVID-19 no debe conllevar proceso penal alguno y solo amerita el referido al Tribunal Supremo del abogado Juan Maldonado, representante legal de una de las compañías envueltas en la transacción, para que se investigue su conducta como abogado notario.

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