La Administración de Seguros de Salud (ASES) opera desde el 2017 sin auditores internos, reveló este lunes su directora, Roxanna K. Rosario Serrano, quien llamó a la administración de la gobernadora entrante Jenniffer González a procurar enmiendas a la Ley 15-2017 que ordenó la transferencia de estos funcionarios públicos a la Oficina del Inspector General (OIG).

“Un fiscalizador que tiene 76% en fondos federales y un presupuesto de $5,000 millones anuales no debe operar sin auditores. Necesitamos auditores, así que aunque tenemos un departamento de cumplimiento, en lugar de tener que contratar estos servicios, que puede ser un gasto mayor y le crea una dependencia a la agencia”, señaló Rosario Serrano, en la continuación de las vistas de transición.

Las expresiones de la funcionaria provocaron la reacción, casi inmediata, de la inspectora general, Ivelisse Torres Rivera, quien -tras enterarse de las expresiones- envió una carta al equipo de transición entrante alegando que ningún auditor de la ASES fue transferido a la OIG.

“No es correcto afirmar que ASES quedó desprovisto de recursos en esta área como resultado de las disposiciones de la Ley 15-2017″, comentó Torres Rivera. “Además, al momento de la transferencia no existían auditores en a estructura de ASES que estuvieran desempeñando funciones relacionadas con auditoría interna, lo que contradice la afirmación expuesta por la directora de dicha entidad”, agregó la inspectora general.

Tras conocer de la comunicación, que fue leída por el licenciado Jorge Colberg Toro, miembro del comité de transición entrante, la jefa de la ASES se reafirmó en su reclamo. “¿Qué la agencia debe tener auditores? Claro, es un fiscalizador. Claro que los tienes que tener y tenía dos plazas y ya no las tiene”, subrayó Rosario Serrano.

Para la jefa de la ASES, una posibilidad sería revistar la Ley 15-2017 y procurar enmiendas que atiendan la preocupación. Dijo que no solo es que carecen de auditores, sino que no se les permite la creación de estas plazas. “ASES tiene que poder fiscalizar a nivel programático la gestión y la operación que hace la aseguradora. Si yo no tengo auditores, por ejemplo, no puedo entrar a una aseguradora a evaluar cómo está manejando los procesos de preautorización”, expuso.

“Desde que se llevaron a los auditores, la agencia no ha podido descargar una auditoría en propiedad. Eso no implica que la agencia no ha hecho esfuerzos, los ha hecho, pero tenemos que reconocer mucho más el rol bajo la Ley 72 (de 1993)”, aseveró Rosario Serrano.

La ASES tiene un presupuesto asignado de $4,600 millones, en fondos federales y estatales, para la expansión de los servicios médicos a los 1.3 millones de beneficiarios del Plan Vital.

Las expresiones de la funcionaria surgieron durante la comparecencia del Departamento de Salud, que estuvo encabezada por su secretario Carlos Mellado, quien trajo ante la atención del comité de transición entrante una serie de proyectos pendientes, como la mudanza de la sede de la agencia al edificio Monacillos Center Office Building, adquirido por la dependencia a un costo de $21 millones; y darle continuidad al proceso de conversión de empleados que mantienen un estatus transitorio.

En agenda está también la construcción del CDT de Maunabo y del nuevo Laboratorio de Salud Pública, así como las mejores al Hospital Universitario de Adultos, al Hospital Pediátrico Universitario y a la Unidad de Salud Pública de Mayagüez. Asimismo, está pendiente una reclamación por $18 millones ante la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para continuar con la rehabilitación del Hospital Universitario Ramón Ruiz Arnau (HURRA), en Bayamón.

Mellado puntualizó, igualmente, que se mantengan los esfuerzos en Washington D.C. para asegurar la continuidad de los fondos Medicaid, que expiran en el 2027, y procurar mejores tarifas a los proveedores de salud. “Tenemos que continuar trabajando con la disparidad de Medicare, nosotros estamos 22% por debajo de las Islas Vírgenes y 39% a nivel nacional”, expuso Mellado.

“Ahora mismo nosotros somos la única jurisdicción en la que nuestros pacientes tienen que pagar $167.93 mensuales para accesar a la parte B (de Medicare) y... hay pacientes que se ganan $300 (mensuales) de Seguro Social y es imposible que puedan pagar eso”, agregó el secretario saliente, quien reiteró que, ante su salida el próximo 2 de enero, continuará con su práctica médica.

El funcionario advirtió, igualmente, que en verano vencen los fondos de COVID-19 que permitieron el desarrollo de los sistemas de vigilancia de esta infección. También la declaración de emergencia por dengue vence este 30 de diciembre, la cual, dijo, podría extender hasta mediados de enero. “Es importante que se pueda continuar con el sistema de vigilancia. Esto es lo que fortalece nuestra estructura de salud pública y y la respuesta a cualquier situación”, expuso el titular.

La agencia, aunque logró reducir la cifra de 108.7 millones que mantenían en cuentas por pagar para el 2021, mantiene una deuda de $3.8 millones. “Han sido cuatro años de muchos retos personales, muchos retos en el DS, a nivel personal salí con una enfermedad crónica, pero no me pesa porque servir al pueblo de Puerto Rico es un orgullo”, expuso.