Además del cuestionable tracto que resultó en su promulgación a pocas horas de la designación del nuevo secretario Waldemar Quiles Pérez, la orden del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) que legaliza el estatus de las decenas de estructuras enclavadas en el litoral de La Parguera y archiva “los casos relacionados” que se encontraban bajo trámite administrativo violenta la política pública vigente, los procedimientos de excepción para el uso de esos espacios y los acuerdos con el gobierno federal para el manejo de la reserva natural, coincidieron este martes múltiples entrevistados por El Nuevo Día.

“El secretario cedió las facultades de varias cosas, primero, en términos procesales, al enmendar efectivamente un reglamento. Eso requería un proceso reglamentario, que requiere comentarios y un proceso de vistas públicas. En términos sustantivos, también es preocupante que se esté convirtiendo la tenencia de propiedades que están claramente en bienes de dominio público en una forma de concesión. El DRNA ya reconoce concesiones, pero tienen una condición específica y bien importante, que es que sean usos dependientes del agua”, señaló la licenciada Verónica González Rodríguez, directora de la sección ambiental de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad Interamericana.

En términos generales, el manejo de las aguas territoriales y la zona marítimo terrestre se rige por el Reglamento 4860 del DRNA, que igualmente dispone sobre las “concesiones” o autorizaciones para ocupar bienes de dominio público para fines privados. Bajo estas concesiones es que se permite, por ejemplo, la construcción de muelles pesqueros, marinas o instalaciones conducentes a la investigación académica.

El abogado ambiental Pedro Saadé cuestionó, por su parte, el alcance de la legalidad que la Orden Administrativa 2025-01 busca imprimir sobre las llamadas casetas del litoral de Lajas, entre las que figura una residencia de los suegros de la gobernadora Jenniffer González, sobre la que pesa una querella por una aparente ampliación ilegal en 2023. El decreto administrativo, suscrito por Quiles Pérez el 9 de enero –poco después de ser designado al cargo–, ordenó “a la Oficina de Oficiales Examinadores y Jueces Administrativos el archivo de los casos relacionados a los asuntos establecidos en la presente Orden Administrativos (sic) por convertirse académicos”.

Quiles Pérez no estuvo disponible para entrevista y tampoco respondió preguntas enviadas a través de un oficial de prensa. El Nuevo Día supo que, a la fecha, en el DRNA todavía no se han designado los jefes de áreas claves, como la División Legal, Oficina de Permisos y el Programa de Manejo de la Zona Costanera.

“De la forma en que se hizo, no”, dijo Saadé, a la pregunta de si un secretario tiene la facultad de disponer de casos administrativos pendientes de adjudicación en la agencia. La directriz sobre el archivo, abundó, “está fundamentada en que lo anterior de la orden es legal, y lo anterior de la orden no es legal porque dispone de una validez a todas esas estructuras sin seguir el procedimiento que el Reglamento (4860) tiene para las llamadas cesiones, más otras disposiciones”.

“Otro de los problemas es que la orden es como un ‘blanket’, una orden general, en que no hay especificaciones de dónde están (las residencias), cuáles son, cuál es su historial, sino que parte de una premisa más o menos romántica de que ahí había unas casetas de unos pescadores pobres en los 60, y eso es muy distinto a lo que hay allí”, agregó Saadé, recordando que La Parguera ya forma parte de una reserva natural, que cuenta con un plan de manejo aprobado por la Junta de Planificación.

Aunque, en declaraciones escritas enviadas el viernes pasado, Quiles Pérez –de quien La Fortaleza destacó su preparación como ingeniero a pesar de nunca haber obtenido la licencia para ejercer en Puerto Rico– alegó que la orden administrativa “fue redacta y preparada por la administración anterior”, El Nuevo Día supo que el borrador existente al momento del cambio de gobierno difería del decreto firmado en varios puntos, incluyendo el inciso 3(f) en el que se dispone el archivo de los “casos relacionados”.

El borrador, sin embargo, había seguido un tracto irregular, toda vez que no se originó en la oficina de la pasada secretaria, Anaís Rodríguez Vega, sino que se le remitió a la funcionaria en las semanas finales del cuatrienio.

En julio de 2023, Rodríguez Vega informó que el DRNA investigaba o procesaba, al menos, cuatro denuncias de construcciones ilegales en La Parguera, entre ellas, la de la casa de los suegros de González, entonces comisionada residente. El martes, la exsecretaria no estuvo disponible para entrevista y su sucesor no respondió cuántas investigaciones o querellas recibió al instalarse como nuevo titular.

Antes de concluir sus funciones, Rodríguez Vega expresó que confiaba en que el procedimiento administrativo contra José Vargas Cortés e Irma Llavona Rivera, suegros de la primera ejecutiva, siguiera su curso, aunque en entrevista con este diario, en diciembre, también había señalado que urgía que el DRNA identificara mecanismos para regularizar y cobrar derechos sobre el uso de estructuras en el litoral, un fenómeno que se extiende a muchos otros sectores costeros del país.

González ha indicado, por su parte, que respalda revertir el “limbo” jurídico de las estructuras enclavadas de La Parguera, adelantando que enviará a la Legislatura una medida similar al Proyecto del Senado (PS) 1621 que, en 2016, fue vetado por el exgobernador Alejandro García Padilla tras recibir el repudio de decenas de científicos, ambientalistas y expertos en derecho de propiedad. La Orden Administrativa 2025-01 de Quiles Pérez rescató buena parte del lenguaje que contenía el PS 1621, incluyendo la premisa de que las residencias deben regularizarse “por constituir enclaves de propiedad privada en zona marítimo-terrestre sobre terrenos de dominio público”.

En entrevista con El Nuevo Día, el expresidente del Senado Antonio Fas Alzamora, uno de los coautores del PS 1621, insistió en que los principios de la medida siguen siendo la vía más adecuada para atender la problemática de décadas, proteger el movimiento económico en torno a las casetas enclavadas en los manglares y evitar daños ambientales producto de actividades desreguladas en el litoral de La Parguera.

“La Parguera, definitivamente, es uno de los atractivos turísticos más importantes del área suroeste del país. Pero lo que la hace importante como atractivo turístico, en adición a la bahía (bioluminiscente), son, precisamente, las casetas, que son como si fuera una Venecia. Si uno quita esas casetas, no habría ese atractivo, porque es como si fueras por unas partes de la costa de Puerto Rico, que tienen mangle, pero no representan un atractivo turístico. Había que hacer un balance con lo ambiental”, afirmó el exsenador popular, quien presidió la Comisión de Turismo, Cultura, Recreación y Deportes y Globalización que atendió el PS 1621.

La persistente controversia en torno a las casas en La Parguera intentó atenderse, en un inicio, en 1978, cuando el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE) suscribió un memorando de entendimiento (MOU) con el gobierno de Carlos Romero Barceló, que distribuía entre esa dependencia federal y el DRNA las gestiones futuras para recuperar y restaurar el valor ecológico del área.

“Dentro de un período de 12 años habrá una eliminación gradual (‘phase-out’) de la titularidad privada de las estructuras remanentes en el litoral. Esta eliminación gradual y la subsecuente adquisición de las estructuras en el área al diseñar y reestructurar adecuadamente las casas e instalaciones de forma ordenada (convertirá) las estructuras en lugares apropiados, seguros y salubres”, indica el MOU, que precisa que el “concepto recreativo” debía ser accesible al “público general”, de forma similar al centro vacacional en Boquerón, Cabo Rojo.

Como parte del acuerdo, el USACE se encargaría de remover las llamadas casas-bote o casas flotantes que personas mantenían mar adentro, mientras que el DRNA atendería las estructuras enclavadas en el mangle, como las que permanecen hasta el día de hoy.

Las casas flotantes “era lo más fácil de atender, y los federales dijeron ‘ese es el mangó bajito, y que el DRNA saque los que están anclados (en los mangles) y se vayan a los palos’. (El MOU) se quedó en teoría, fue letra muerta”, dijo un exfuncionario de alto nivel del DRNA, que solicitó mantener el anonimato.

Ante una petición de El Nuevo Día, el USACE se limitó a responder, por escrito, que la reciente orden administrativa del DRNA “es una acción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, no del Cuerpo. Si el Cuerpo identifica un conflicto potencial entre cualquier orden administrativa local y nuestras regulaciones, abordaremos este asunto con las agencias pertinentes involucradas”.

“El USACE no participa en disputas sobre propiedad o límites. Se alienta a las personas a resolver esas disputas a través de los canales legales apropiados del Estado Libre Asociado”, añadió el ente federal, por medio de un portavoz.

Por su parte, la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA), que tiene jurisdicción sobre el cumplimiento de estatutos como la Ley de Agua Limpia, refirió las preguntas sobre el caso de La Parguera al USACE. La División de Protección Ambiental del Caribe de la EPA es dirigida por Carmen Guerrero, quien en 2016, como secretaria del DRNA, se opuso al PS 1621.

Una fuente con conocimiento del proceder del gobierno federal recalcó, en cambio, que el USACE “abandonó”, en gran medida, la vigilancia sobre el cumplimiento con los acuerdos de La Parguera alrededor de 2010, cuando se cerró la oficina local de la dependencia federal, abriendo la puerta al desarrollo de construcciones sin autorización.

“Aquí enviaban, como hasta el 2010, un inspector que iba con una cinta métrica, que iba casa por casa a medir. Si había una pulgada nueva, se mandaba a demoler. Pero, a partir de 2010, que básicamente desmantelaron la oficina local, eso se dejó de hacer. Hay que ver qué van a hacer ahora que el año pasado se creó una oficina específicamente en Caribe (con sede en San Juan). Y si el USACE no lo va a hacer, ¿qué va a hacer EPA?”, cuestionó el informante.