Ante la “guerra tarifaria” del gobierno de Donald Trump con países como China, la gobernadora Jenniffer González reconoció este viernes los desafíos del aumento en aranceles, como la posible pérdida de empleos e inflación, por lo que su administración estará adiestrando a los sectores farmacéutico y de manufactura para reemplazar bienes importados y “abaratar costos”.

“Me tengo que preparar para el peor escenario, para que no tome esto a Puerto Rico por sorpresa”, acotó la mandataria, al preguntársele si descartaba la pérdida de trabajos en el contexto actual.

Como defensa, planteó que, más allá de oponerse al aumento en aranceles, como hizo Islas Vírgenes por el impacto económico que conllevaría, tiene que ser “inteligente” para demostrarle al gobierno federal los efectos directos en el territorio.

“Los que se oponen son los primeros que salen perjudicados en las transacciones con el gobierno federal. Uno tiene que ser más inteligente y más efectivo en esa comunicación. Estoy utilizando lo que a Estados Unidos le importa: sus productos biofarmacéuticos, sus asuntos de seguridad nacional, sus elementos de cadena de suministro que vienen de Puerto Rico”, expresó, en conferencia de prensa para el anuncio de fondos del Departamento de Justicia federal para la Policía.

“Es fácil para la oposición, pero uno quiere que haya decisiones constructivas”, abundó, al indicar que su oficina en Washington D.C. está en comunicación con la Casa Blanca.

Recordó, de paso, que Trump recién pospuso el aumento en aranceles por 90 días, excepto China. Compartió, además, que el análisis preliminar del impacto –encomendado al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC)– apunta a que Estados Unidos importa a Puerto Rico más del 60% de bienes para manufactura. Luego, los mayores importadores son la Unión Europea y, “entre el cuarto o quinto lugar, está China”.

“Muchos de estos bienes se manufacturan en China, pasan a Estados Unidos y de Estados Unidos vienen a Puerto Rico”, dijo.

Reconoció, aun así, que el mayor impacto será en los productos que vienen de China, que podría ser de un 125%. “Eso automáticamente duplica el impacto que pudiera tener. Hay que ver cuántos productos vienen de China y pueden ser sustituidos por bienes americanos”, señaló.

La gobernadora encomendó al DDEC analizar “cómo el gobierno puede ser facilitador de la industria y los negocios en Puerto Rico para que esto, que va a provocar un elemento de inflación, pueda ser mitigado porque, al final del camino, lo que queremos que el consumidor no pague los platos rotos de esta guerra tarifaria”.

Luego de reunirse con consultores del DDEC, González anunció que, en las próximas semanas, realizarán adiestramientos a medianas y pequeñas empresas, que, anticipa, serán en el Centro de Convenciones para impactar a más comerciantes.

Además, se reunirán con grandes compañías que importan, en grandes cantidades, bienes de la industria de la manufactura, para documentar sus necesidades.

“Vamos a evaluar cómo se imponen los arbitrios a los vehículos porque, si van a ser impactados, tenemos que ver cómo aliviamos esa carga al consumidor. Lo mismo con los alimentos, que son las áreas que más nos preocupan”, dijo González, quien, la semana pasada, recomendó a los puertorriqueños comprarse autos americanos porque “sale más barato”.

El análisis se extenderá a las compras del gobierno para conocer qué productos deben reemplazarse.

Por otra parte, la gobernadora anunció que la Policía logró recobrar la confianza del programa de Decomiso de Bienes de los departamentos de Justicia y del Tesoro de Estados Unidos, que tienen pendiente asignar $27.6 millones a la Uniformada por confiscaciones.

La Policía recibirá una primera partida de $10 millones a finales de abril. A pesar de que una reciente enmienda estableció un tope de $10 millones, el jefe de la Fiscalía federal en la isla, Stephen Muldrow, compartió que solicitarán recibir el total de los fondos, porque corresponden a años anteriores que estuvieron paralizados.

Según la primera ejecutiva, la Policía perdió su elegibilidad en 2018 debido a “incumplimiento en manejo de fondos y normas del programa, registros deficientes y costos cuestionados, deficiencia en el programa de registros y transacciones, fallas en el manejo del inventario”.

“Esto ha sido un proceso por varios años. Hemos dado algunos pagos de nuestro programa, $2.6 millones (a la Policía), pero el programa siguió sin los requisitos de Justicia federal y ha sido un proceso de poner la casa en orden. En los últimos tres meses, logramos finalizar el acuerdo”, dijo Muldrow, quien explicó que la mayoría del dinero proviene de una confiscación grande, en efectivo, en un barco que se dirigía a Saint Thomas, de septiembre de 2020.

El comisionado Joseph González Falcón, estimó, en tanto, que la Reforma de la Policía está avanzada con un 83% de cumplimiento, y reconoció que faltaba asegurar tecnología para la Uniformada, por lo que “todo este dinero nos puede ayudar en patrullas, armamento, embarcaciones, uniformes... podemos ser bien creativos en equiparnos”. Incluso, la gobernadora dijo que podrían redundar en otra academia para reclutar agentes.