Escoltados por policías estatales y municipales, empleados de Cataño ocuparon el jueves las instalaciones de las máquinas de bombeo que estaban apagadas en medio de los intensos aguaceros registrados en Puerto Rico desde la noche del martes.

El alcalde de Cataño, Julio Alicea, informó que declaró un estado de emergencia para su municipio y explicó que la movida de ingresar a la casa bomba se tomó luego de que personal de una compañía privada supuestamente no les permitiera acceso al lugar.

La movida estuvo respaldada por una orden emitida por el juez Anthony Cuevas, luego de que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) solicitara una orden de entredicho provisional, interdicto preliminar y permanente.

La orden agregó que, de no operar a capacidad para drenar varios cuerpos de agua, algunas comunidades tendrían problemas de inundaciones, como las áreas de Juana Matos, Puente Blanco y Reparto Paraíso, mientras que indicó que un tramo de la carretera PR-5, entre Cataño y Toa Baja, ya estaba cerrado al tránsito en horas de la mañana.

“Parte demandada proceda a permitir la entrada del camión que suministrará el combustible a la bomba”, indica el documento judicial.

“Se advierte que en la vista pasada se acordó que no se intervendrá con el acceso a la bomba mientras el asunto se encuentra en el Tribunal, por lo que se considerará cualquier obstrucción a la entrada o al acceso a la Bomba como un desacato al Tribunal y se ordenará el arresto e ingreso a cárcel de aquel que intente evitar el cumplimiento con esta Orden”, advirtió.

Las máquinas de bombeo han sido el centro de una controversia este mes después de que el DRNA cancelara, con efectividad inmediata, dos contratos que mantenía con Tetrad Enterprises, la empresa que proveía 44 bombas hidráulicas para controlar las inundaciones en áreas de Santurce (San Juan), Cataño, Guaynabo, Salinas y Juana Díaz.

La agencia alegó que la cancelación se debía a “numerosos incumplimientos” con los servicios que se debían ofrecer conforme a ambos acuerdos.

Después de que se emitieran advertencias de inundaciones para gran parte de Puerto Rico hasta el sábado, Alicea indicó que empleados del Municipio de Cataño habían intentado entrar a la instalación desde horas de la madrugada debido a que todas las máquinas de bombeo estaban apagadas, pero que empleados de la empresa no les permitían acceso al terreno privado.

“Entramos a la casa bomba de la Malaria y nos apoderamos de ella. Entramos de manera casi forzosa con la Policía estatal y municipal, y hemos montado un campamento a los efectos de que personal del Municipio de Cataño y del DRNA vamos a operar las bombas”, dijo el alcalde a El Nuevo Día.

Alicea recordó que “a las 5:00 a.m., como es un terreno privado, las personas que estaban allí necesitaban la autorización de la persona que le cancelaron el contrato. Ahí estuvimos casi una hora esperando, mientras los niveles seguían subiendo. Eso es una negligencia crasa e inexclusable de la persona que tiene arrendada esas facilidades. Están jugando con vidas”.

“Tuvimos que llamar a la Policía estatal ya que el terreno donde están las bombas es totalmente privado y queríamos tener la protección del estado”, agregó el funcionario, quien indicó que la declaración de estado de emergencia implicó la activación del Centro de Operaciones Especiales del municipio, con empleados laborando en turnos de 12 horas.

El alcalde apuntó que han estado monitoreando los niveles de acumulación de agua en varias áreas de Cataño y que, en la mañana del jueves, ya observaban que “algunos niveles están aumentando dramáticamente, a pesar que ya hemos encendido cinco máquinas de un total de nueve”.

“Es importante que esas otras cuatro bombas sean encendidas, pero nos encontramos ahora con que las mismas están dañadas, lo que nunca había pasado en 34 meses de esta administración”, reveló Alicea. “Si no se prenden esas bombas, hay comunidades que se van a ver afectadas y se van a inundar”, admitió, para luego afirmar que ya hay personal del DRNA y del operador privado trabajando en ellas.