Previo a partir a Washington D. C., en su primer viaje oficial como gobernadora, Jenniffer González firmó este viernes una orden ejecutiva (OE) que obliga a las instrumentalidades del gobierno a promover y adelantar la estadidad para Puerto Rico, desde sus agencias, mediante viajes, reuniones y alianzas con sectores a nivel federal.

“Toda agencia, instrumentalidad, oficina o dependencia de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, independientemente de su nombre, defenderá e implementará el mandato a favor de la estadidad, según expresado mayoritaria y consistentemente por los electores de Puerto Rico en los plebiscitos de 2012, 2017, 2020 y 2024″, ordena la nueva política pública, contenida en la OE 2025-007.

Las tareas que se suman para los jefes de agencia designados por González incluyen “el deber y la obligación” de viajar para participar de “actividades nacionales, para crear conciencia de la condición territorial antidemocrática de Puerto Rico”.

Entre esas “actividades nacionales”, están visitas periódicas a la capital estadounidense para reunirse con congresistas y jefes de agencias federales, que propendan en la concienciación “de cómo el estatus territorial actual aumenta la desigualdad social, económica y política de los ciudadanos americanos en Puerto Rico; y cómo contribuimos de manera positiva a la nación”.

Además, deben asistir a conferencias que reúnan a líderes en sus áreas de trabajo “para crear alianzas, a nivel nacional, con organizaciones que ayuden a visibilizar y educar sobre la condición territorial de Puerto Rico y para ampliar el apoyo a la estadidad”.

Para constatar que esta faena se complete, la gobernadora requerirá un informe –que debe entregarse cada 28 de febrero–, en que se detallen los esfuerzos que cada jefe de agencia realizó para concienciar sobre la condición territorial de Puerto Rico.

Los miembros del gabinete ejecutivo deberán entregar otros dos informes, en un término de 60 días. El primero debe detallar los programas federales disponibles en sus áreas de jurisdicción y una comparativa de su operación en el territorio de Puerto Rico versus en los estados. En el segundo, las agencias deben identificar las discrepancias en los procedimientos que siguen a nivel local y su comparación con los que tienen agencias similares en los estados, de manera que establezcan “recomendaciones y planes de acción para la modificación y el realineamiento de las prácticas y el funcionamiento de las agencias en preparación para una transición hacia la estadidad”.

Mientras, las agencias que estén bajo sindicatura federal, como el Negociado de la Policía y el Departamento de Educación, deben informar el estado de la misma y establecer un plan de trabajo para ponerle fin.

Aunque la mayor parte de las directrices de la OE 2025-007 se centran en los jefes de las agencias, también incluye encomiendas para la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, que será la agencia encargada de la coordinación del activismo, el cabildeo en el Congreso y los esfuerzos mediáticos para adelantar la estadidad en Puerto Rico.

Entre esos esfuerzos, el principal será la “Cumbre de la Igualdad y Estadidad”, que se celebrará anualmente, en Washington D.C., durante el Día de la Ciudadanía Americana en Puerto Rico, que se conmemora el 2 de marzo.

“Esta Cumbre será el evento principal del Gobierno de Puerto Rico para la abogacía y defensa de la estadidad en la capital federal y reunirá a líderes estadistas de Puerto Rico y de los estados, oficiales electos, jefes de agencias y organizaciones que han demostrado su apoyo a la estadidad. La Cumbre tendrá el propósito de educar y concientizar la causa de la estadidad para Puerto Rico ante el Congreso, el gobierno federal y las organizaciones nacionales”, detalla la orden.

Asimismo, habrá un “viaje educativo” anual para que legisladores y funcionarios federales conozcan “el potencial de Puerto Rico para seguir aportando a la nación en áreas como manufactura, seguridad nacional y desarrollo económico y cultural. También, para dar a conocer el estatus de la recuperación fiscal de Puerto Rico”.

La orden ejecutiva igualmente exhorta a la Legislatura y municipios a apoyar los esfuerzos de descolonización. Esta semana, de hecho, la primera medida que aprobó el nuevo Senado exige al Congreso que inicie un proceso de anexión para Puerto Rico.

Tanto la medida senatorial y la OE de la gobernadora se fundamentan en los resultados del plebiscito criollo, que se celebró a la par de las elecciones generales.

Según los datos publicados en el portal de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), la estadidad obtuvo el 58.61% de los votos; la soberanía en libre asociación, el 29.57%; y la independencia, el 11.82%. No obstante, hubo 204,853 papeletas en blanco y/o mal votadas debido al boicot solicitado por múltiples partidos.

Los resultados fueron cuestionados, pues hubo un error en la programación de las máquinas de escrutinio electrónico que provocó que intercambiara los resultados de la libre asociación y la independencia.