La gobernadora Jenniffer González se comprometió este jueves a agilizar la otorgación de permisos y maximizar el uso de fondos federales de reconstrucción “que se pudieran perder”, a través de la creación de un concilio de infraestructura, el uso de inteligencia artificial y la colaboración entre agencias y gremios profesionales para enmendar los reglamentos aplicables.

“Aproveché para anunciar la creación del Concilio de Infraestructura y Construcción, y seleccioné cinco miembros de la Asociación de Contratistas Generales en el área de energía, construcción, vivienda y en el área de permisos”, expresó la primera ejecutiva, al finalizar su participación en la primera actividad de la nueva Junta de Directores dicha organización.

El concilio estará integrado por voluntarios del sector privado, indicó González, y añadió que tendrá miembros de otras industrias.

Recordó, de paso, que el 2 de enero, en su primer día como gobernadora, firmó dos órdenes ejecutivas (OE-2025-002 y OE-2025-003) para “la aceleración de procesos de permisos, la creación en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) de un conglomerado de empleados de cada una de las agencias que otorgan permisos para agilizar ese proceso”.

“(El DDEC) está corriendo un plan piloto que estamos esperando que funcione y permitiría, con el uso de inteligencia artificial, que los permisos ministeriales salgan en un solo día, en vez de en una semana”, destacó sobre nuevas tecnologías para eliminar burocracia.

Explicó que su propuesta del DDEC se dirige a los “permisos discrecionales que tienen cambio de uso”, como, por ejemplo, el cambio de una oficina médica a una de contabilidad.

“Actualmente, te toma una semana o dos semanas hacer ese tipo de cosas. Una vez el programa funcione, se estaría anunciando esa primera conversión que va con los permisos de cambio de uso ministerial”, detalló.

Además, prometió que hará 15 cambios para la agilización de permisos, entre ellos, que se permitan “las correcciones sin límites cuando se presentan proyectos”. “Hablamos de un sistema digital de validación, de la revisión por parte técnica, de las preconsultas que antes se permitían y ya no se permiten”, abundó.

Otro cambio que se incorporará, en una nueva orden ejecutiva, será que el plazo máximo por respuesta de una agencia será de 30 días. “De no contestar en el término dispuesto, se va a dar por bueno el permiso”, dijo la gobernadora.

Como parte de los retos que enfrenta esta industria, mencionó que el atraso puede tener el efecto dominó de pérdida del financiamiento o mano de obra.

“No queremos perder los fondos federales. Tenemos unos que se obligan hasta agosto de este año, otros que tenían que comenzar construcción y no han comenzado. Vamos a utilizar el ‘expertise’ de los profesionales del sector privado y el gobierno para ayudar en la reconstrucción de Puerto Rico”, manifestó.