La gobernadora Jenniffer González opinó este martes que la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) no debió haber autorizado a Francisco Berríos Portela, ex secretario auxiliar de Asuntos Energéticos, a trabajar con Quanta Services Solutions PR, una filial de LUMA Energy, apenas semanas después de terminar sus funciones públicas, que incluían, precisamente, fiscalizar el desempeño del operador privado de la red eléctrica.

---

Read this article in English.

---

“Se supone que la Ley de Ética Gubernamental le hubiera impedido eso. Hay que ver bajo qué concepto se le dio una dispensa, si es que hay una dispensa, para hacer esa función… A menos que no sea que él no era un zar de Energía y que era un ayudante más. Si la plaza era de un ayudante más en Fortaleza, de política pública y no de agente fiscalizador, como en el caso nuestro, por orden ejecutiva, es el ingeniero Josué Colón, evidentemente, eso habla de por qué se permitió que esta compañía hiciera lo que le dio la gana con esto”, afirmó González en un encuentro con los medios.

Berríos Portela ocupó, desde agosto de 2022, el cargo creado por el exgobernador Pedro Pierluisi, con la responsabilidad de supervisar la política energética, incluyendo el rendimiento de LUMA y, más adelante, de Genera PR con la flota generatriz. En 2023, Pierluisi designó al ingeniero como presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), posición que también desempeñó hasta el final del pasado cuatrienio.

En pasados días, Berríos Portela informó en su perfil de LinkedIn que “recientemente” había aceptado el rol de director sénior de Desarrollo Comercial en Quanta Services Solutions.

“Me enorgullece liderar los esfuerzos de desarrollo comercial, colaborando con socios locales para apoyar las necesidades de infraestructura de Puerto Rico”, escribió Berríos Portela, quien, al momento de esta publicación, no había respondido a un pedido de entrevista de El Nuevo Día tramitado a través de una portavoz.

De la carta de la OEG –con fecha del pasado jueves– en respuesta a la petición del ingeniero, se desprende que Berríos Portela sometió la consulta el 10 de enero, es decir, 10 días después de concluir su faena en el gobierno. La aprobación, suscrita por la directora auxiliar del Área de Asesoramiento Jurídico y Litigación de la OEG, Massiel Hernández Tolentino, agrega que Berríos Portela buscaba “conocer si puede aceptar una oferta de empleo de Quanta Services Solutions PR, LLC, una firma contratista de proyectos en el sector energético. Su consulta responde a que Quanta PR ofrecerá sus servicios a LUMA Energy, LLC”.

Quanta Services Solutions PR es otra subsidiaria de Quanta Services Inc., dueña del 50% de LUMA.

La gobernadora, al ser abordada este martes en una actividad en Humacao, trazó una distinción entre las funciones que ejercía Berríos Portela y la Oficina del Zar de Energía, a la que designó a Colón, pasado director ejecutivo de la AEE.

“El zar de Energía ha estado eficientemente haciendo la fiscalización. Ustedes recuerdan cuando alguien me dijo que ya había un zar de Energía en Puerto Rico, y yo dije (que) un ayudante no era un zar de Energía, y ahora resulta que ese zar de Energía, o ese ayudante, trabaja para la compañía que se supone que fiscalizara. Creo que eso habla de por qué LUMA estaba por la libre, por qué aquí nunca hubo una fiscalización al sistema de LUMA, si la persona que se suponía que lo hiciera ahora trabaja para ellos”, afirmó González, quien ha prometido buscar una empresa que reemplace al actual operador.

La relación entre LUMA y otras empresas afiliadas a Quanta Services ha estado bajo la lupa recientemente, luego que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) determinara, a finales de diciembre, que no reembolsaría fondos de proyectos que hubieran sido ejecutados por empleados “adscritos” a la matriz del consorcio eléctrico sin haber atravesado un procedimiento de licitación competitivo.

Pese a la decisión de FEMA y el pedido de Colón –también director de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas– de que se detenga el uso de estos trabajadores provenientes de otras filiales, LUMA ha insistido en que se trata de una práctica habitual en la industria y se prevé que apele la determinación que ya ha puesto en riesgo reclamaciones ascendentes a $40 millones.

---

Valeria María Torres Nieves colaboró en esta historia.