Como parte de la estrategia en desafío a las exigencias de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la Asociación de Alcaldes acordó este miércoles contratar los servicios de un contador público autorizado (CPA) que analice cuál sería el impacto, en las arcas municipales, de no cobrar arbitrios de construcción, cargo que el ente que controla las finanzas públicas alega se aplica con una tasa más alta a los proyectos de reconstrucción pagados con fondos federales.