Un nuevo informe de la Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG) reveló contundentes y numerosas deficiencias en los controles internos de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) relacionados con la fiscalización de los contratistas que administran el sistema electrónico de cobro de peajes (ETCS, en inglés).

Según la evaluación, las irregularidades detectadas podrían representar un costo cuestionado de $61,424,482, y fueron referidas para investigaciones adicionales.

No obstante, el director ejecutivo de la ACT y recién designado secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo, aseguró que está tomando las medidas correspondientes.

El informe señala que la ACT no supervisó adecuadamente a los contratistas responsables del cobro electrónico de peajes, incumplió leyes y normativas vigentes, gestionó de manera deficiente la conservación de documentos esenciales, y presentó fallas en la revisión de facturas y la retención de impuestos.

“La Autoridad de Carreteras y Transportación reconoce el informe recientemente emitido por la Oficina del Inspector General y reitera su compromiso con la transparencia, la responsabilidad fiscal y la mejora continua de sus procesos administrativos”, indicó González Montalvo, por escrito, a El Nuevo Día.

“Este informe, de naturaleza técnica y de considerable extensión y complejidad, ha sido sometido a una revisión minuciosa por parte de nuestro equipo para garantizar una comprensión detallada y precisa de los hallazgos, así como de las recomendaciones incluidas”, añadió.

Una de las principales preocupaciones del informe radica en el incumplimiento de los términos contractuales relacionados con la implantación de un nuevo sistema de cobro electrónico, el cual debía sustituir el sistema AutoExpreso heredado. Según la OIG, los contratistas incumplieron reiteradamente con las fechas de entrega y los requisitos estipulados, lo que perpetuó la dependencia de una infraestructura obsoleta y vulnerable.

De los más de $61 millones cuestionados por la OIG, alrededor $42.6 millones son señalados en el informe como posibles pagos en exceso. Sobre ese particular, González Montalvo anotó que “dicha cuantía no constituye pagos indebidos por parte de la ACT”.

“La observación realizada por la OIG no toma en cuenta la estructura variable del modelo de cobro de peajes, que está basada en el volumen de transacciones y otros factores operativos. La ACT está llevando a cabo un análisis detallado para contestar de manera adecuada y fundamentada cada uno de los puntos indicados en el informe”, sostuvo.

El informe de la OIG también detalla que los principales contratistas –a partir de 2015– responsables de la implantación y mantenimiento del sistema ETCS (identificados como Contratista 2 y Contratista 3) pertenecen a la misma compañía matriz, lo que plantea posibles conflictos de interés. De acuerdo con el informe, a pesar de contar con un historial previo de incumplimientos, los directivos de la ACT permitieron que estas empresas asumieran nuevamente roles críticos. Actualmente, el operador privado de AutoExpreso es Professional Account Management.

“El Contratista 2 y el Contratista 3 pertenecen a la misma compañía matriz, Navient. Contrario a adelantar y velar por los mejores intereses de la ACT, la persona que se identifica como ‘senior vicepresident toll operations’ del Contratista 2 es el presidente y CEO del Contratista 3, según se identificó en la ponencia de esta compañía ante la Cámara de Representantes y en otros documentos obtenidos durante nuestro examen”, señaló el informe.

“Además, el gerente de proyecto del contratista para los propuestos sistemas electrónicos de AutoExpreso (ETCS y TSS) ha sido la misma persona bajo el Contratista 1, el Contratista 2 y el Contratista 3”, precisó la OIG.

Entre los problemas señalados, están la falta de repuestos esenciales para la infraestructura del sistema, la ausencia de componentes clave para garantizar el procesamiento de infracciones y un aumento en las fallas de los equipos utilizados en las plazas de peaje, lo que ha comprometido la funcionalidad del sistema en varias ocasiones.

En respuesta al informe, González Montalvo afirmó que se han implantado mejoras significativas, incluyendo una actualización del sistema operativo en julio de 2023, con el objetivo de fortalecer la seguridad y reducir los riesgos identificados. No obstante, la OIG determinó que estas acciones no cuentan con suficiente evidencia que respalde su efectividad.

Sin embargo, en sus declaraciones, González Montalvo defendió que la ACT adoptó “medidas concretas” para atender varios de los señalamientos identificados en los hallazgos preliminares compartidos por la OIG en enero de 2024.

“Asimismo, en su momento, todos los hallazgos fueron oportunamente contestados por la ACT con información detallada y medidas correctivas específicas, así como requerimientos de información que fueron enviados a la OIG por la ACT. Muchas de estas acciones han resultado en mejoras significativas en nuestros procesos operativos y controles internos”, indicó el funcionario, quien no estuvo disponible para entrevista.

A partir de los hallazgos, la OIG recomendó a la ACT adoptar medidas correctivas urgentes, proporcionar detalles específicos sobre los cambios realizados y evidencia. Entre las acciones planteadas, la OIG pidió a la ACT garantizar el cumplimiento de las disposiciones contractuales y fiscales, establecer controles más estrictos para la conservación de documentos y actualizar las normativas internas para prevenir nuevas irregularidades.

Además, la OIG señaló que el incumplimiento de estas recomendaciones podría conllevar multas y procesos administrativos. Asimismo, reveló que refirió las situaciones encontradas y señaladas al Área de Querellas e Investigación de la OIG, para determinar posibles violaciones a disposiciones legales y normativas.

“La ACT ha mantenido una colaboración constante con la OIG y continuará haciéndolo, en línea con su misión de asegurar la gestión eficiente de los recursos públicos. Por el momento, no emitiremos comentarios adicionales hasta que nuestra revisión interna del informe haya concluido”, apuntó González Montalvo.