El gobernador Pedro Pierluisi estimó este martes que su administración sumará al mercado 4,000 unidades de vivienda para alquiler y otras 3,000 para la venta, lo que entiende debe mitigar, en parte, la demanda vigente, de alrededor de 20,000 unidades.

El mandatario indicó que, para esa iniciativa, se emplearán fondos de los programas para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres y de Mitigación en la Infraestructura (CDBG-DR y CDBG-MIT, respectivamente). No precisó, sin embargo, las cuantías totales.

“Se estima, pero eso varía, que, en Puerto Rico, hay una escasez de vivienda, que puede rondar entre 10,000 unidades y 20,000 unidades, dependiendo de a quién se le pregunta. En el caso de vivienda de alquiler, pues nosotros lo que hemos hecho es montar este programa usando fondos federales para añadir 4,000 viviendas de alquiler de bajo costo al inventario. Eso es un número bien significativo. Es bien alto porque, en Puerto Rico, nunca hemos tenido un mercado formal de alquiler”, sostuvo Pierluisi.

“Ya hay 850 unidades más en el inventario, pero estamos en camino para tener hasta 4,000 más. Por otro lado, vivienda para la venta, pues en Puerto Rico está el programa de incentivos contributivos para que se desarrollen proyectos de vivienda de interés social”, agregó.

Pierluisi dijo que, por dos años, hubo “una merma tremenda” en la vivienda de interés social. Por ello, dijo, impulsó un proyecto de ley que buscaba subir el tope de la vivienda de interés social a $250,000, pero la Asamblea Legislativa solo aprobó llevarlo a casi $200,000.

“Pero no rebasa los $200,000. Es una ayuda para los desarrolladores de vivienda de interés social. Yo pienso que se queda corta, pero veremos si ahora se revive esa industria. Por otro lado, lo que hicimos es que, como vimos que hay muchas personas que tienen vales para hogar, personas desplazadas, tanto por el huracán María como por los terremotos, pues utilizando fondos CDBG- MIT, hemos montado un programa para básicamente adquirir proyectos de vivienda planificada de desarrolladores. (El Departamento de la) Vivienda compra los proyectos. Estas son unidades cuyo costo puede llegar a ser hasta de alrededor de $300,000 a $350,000 por unidad”, explicó el gobernador.

Resaltó que ya hay, “en proceso de ser construidas”, alrededor de 1,200 unidades nuevas para el mercado de interés social.

“Queremos llegar a la meta de 3,000 unidades, o sea, que ahora nos queda una segunda ronda por adjudicar. Es un proceso competitivo para adquirir proyectos, que nuestra meta sería que produzcan como 1,800 más. Estamos hablando que, en estos dos programas, hay un aumento de 4,000 unidades de alquiler y 3,000 unidades para la venta”, enfatizó el primer ejecutivo.

Pierluisi hizo sus declaraciones tras anunciar la rehabilitación del complejo residencial Alameda Towers I y II, en San Juan. El complejo de viviendas fue remodelado con $85 millones provenientes del Programa de Brecha de los fondos CDBG-DR. La rehabilitación incluyó fondos de la empresa privada, por lo que el total invertido ascendió a $110 millones.

En un aparte con la prensa y al ser cuestionado sobre los debates recientes relacionados con LUMA Energy, el gobernador recalcó que el contrato con el consorcio es tema en la contienda entre los cinco aspirantes a la gobernación que se medirán en las urnas el 5 de noviembre.

“Ahora mismo, estamos en un proceso eleccionario, o sea, que los que están aspirando a la gobernación, pues están haciendo sus propuestas (sobre el futuro del contrato). Veremos aquí en quién el pueblo confía. Hablo de los electores. (Los aspirantes) hacen sus propuestas, y ya veremos quién prevalece y qué logra más adelante”, afirmó Pierluisi.

En cuanto a las controversias que giran en torno al contrato de la compañía encargada de la transmisión y distribución de energía en la isla, reiteró: “Nosotros estamos trabajando, y la manera en que estamos atendiendo este asunto es fiscalizando, supervisando constantemente. Lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo hasta el 1 de enero”.

Tanto el candidato del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, como la comisionada residente y aspirante a la gobernación del Partido Nuevo Progresista, Jenniffer González, han propuesto cancelar el contrato de LUMA Energy. Ortiz asegura que lo hará tan pronto llegue a La Fortaleza, si es electo, y González lo haría tras un proceso de evaluación, que incluiría la creación de la figura del zar de energía, lo que requiere legislación.

“Todo lo que proponen son propuestas. Es fácil proponer, lo que es difícil es hacer, y nosotros estamos haciendo, dentro de la ley y el orden, dentro de los contratos que se han otorgado. Estamos haciendo nuestra función. Ya los que bien vengan después, pues bueno, veremos si rinden resultados”, sentenció.