Luego que cinco exjueces del Tribunal Supremo demandaran al Sistema de Retiro para reclamar que se les aumenten sus pensiones tras el alza salarial legislada en julio para los miembros de la Judicatura, el gobernador Pedro Pierluisi opinó este jueves que el asunto debe ser atendido por la jueza presidenta del máximo foro judicial, Maité D. Oronoz Rodríguez, aunque advirtió que el Plan de Ajuste de la Deuda establece que las pensiones no deben alterarse.

“Tendría que hacer las gestiones ante la Junta de Supervisión (Fiscal). Me consta que, en el Plan de Ajuste de la Deuda del gobierno... es decir, cuando se reestructuró la deuda del gobierno, uno de los requisitos es que no se modifiquen los sistemas de pensión. Yo he dicho que se pudieran dar bonificaciones a pensionados de año en año, dependiendo de los resultados financieros del gobierno, de la gestión del gobierno”, indicó durante una actividad en la que anunció la construcción de una nueva pista de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Rafael Hernández, en Aguadilla.

“Pero una modificación de pensiones está prohibida por el Plan de Ajuste, por lo menos, por un número de años. Ya el detalle lo puede contestar la propia Junta de Supervisión o AAFAF (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal). Pero esa es la situación. Me imagino que la jueza presidenta abordará a la Junta de Supervisión a ver si un aumento como el que solicitan es viable. Y, si no, tendría que recurrir al proceso presupuestario para ver si, de año en año, puede haber algún tipo de bonificación”, abundó.

La demanda fue presentada por los exjueces del Tribunal Supremo Federico Hernández Denton, Antonio Negrón García, Franciso Rebollo López, Liana Fiol Matta y Anabelle Rodríguez Rodríguez. El recurso de mandamus fue presentado el martes por los abogados José Andreu Fuentes, Frank Torres Viada, Francisco Rebollo Casalduc y Alfonso Martínez Piovanetti.

Los demandantes sostienen que sus pensiones deben ser equivalentes a los sueldos vigentes para los magistrados activos del Tribunal Supremo. A partir de la aprobación de la Ley 101-2024, se aumentó el sueldo anual del juez presidente a $164,275, mientras los jueces asociados devengan un salario de $153,519.

Como base para el reclamo –que contiene una petición de que las pensiones sean ajustadas con retroactividad al 1 de julio de 2023–, los exmagistrados sostienen que, en todos los casos, fueron nombrados al máximo foro judicial antes del 28 de junio de 2007, cuando entró en vigor una ley que dispuso que los beneficios de retiro de todos los jueces –incluyendo los del Supremo– se computarían a base de los salarios al momento de su retiro.

“Sin embargo, se estableció en el Artículo 2 de dicha ley que esta no aplicaría a los jueces del Tribunal Supremo que estuviesen ocupando sus cargos al momento de su aprobación”, indica la demanda.