En sus primeras acciones como gobernadora, Jenniffer González firmó una serie de órdenes ejecutivas que incluyen un decreto dirigido a crear un “task force” que encamine la simplificación del sistema de permisos y otro para declarar un estado de emergencia vial y eximir al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) de cualquier trámite “requerido de ordinario” para atender tramos de carreteras afectados por deslizamientos de terreno.

Al momento de esta publicación, el portal del Departamento de Estado no reflejaba la promulgación de alguna orden ejecutiva asociada al sistema eléctrico, ni la creación del puesto del “zar” de energía, como la mandataria adelantó el miércoles.

Mediante la Orden Ejecutiva (OE) 2025-002, González dio paso al “Grupo de Trabajo para la Simplificación de Permisos en Puerto Rico”, organismo que será encabezado por el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech. Del “task force” de 10 integrantes, también formarán parte la secretaria de Estado, Verónica Ferraiuoli; el presidente de la Junta de Planificación; el secretario de Desarrollo Económico y Comercio; y el secretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).

González, quien ha señalado la reforma del sistema de permisos como una de sus prioridades iniciales, aún no ha designado los funcionarios que ocuparán estos últimos tres puestos.

De acuerdo con el decreto, el grupo de trabajo deberá entregar un informe preliminar dentro de 60 días y un informe final para el 30 de junio. Como parte de las tareas delegadas, tendrá la responsabilidad de “delinear el proceso para estructurar, actualizar y adoptar un nuevo Reglamento Conjunto de Permisos que incorpore cambios compatibles con la política pública” establecida.

La OE-2025-003, por su lado, propone poner en práctica estatutos aprobados en 2024 para agilizar la tramitación de proyectos federales o designados como críticos, lo que incluye el nombramiento de un “gerente de proyectos especializado” dentro de la OPGe.

Entre sus directrices, el decreto ordena a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal identificar, dentro de 15 días, los fondos para la contratación de ese funcionario, y otros 15 días para que el jefe de la OGPe complete la contratación. La OGPe, a su vez, deberá diligenciar el traslado a esa dependencia del personal de todas las demás agencias que intervienen en la evaluación de los permisos solicitados.

Para el expresidente de la Junta de Planificación Luis García Pelatti, sin embargo, apostar a la transferencia de personal a la OGPe es una estrategia que no ha probado ser la solución.

“Eso lo hizo (los gobiernos de Pedro) Pierluisi, Wanda (Vázquez), Ricardo Rosselló y Alejandro García Padilla, bajo quien fui presidente de la Junta (de Planificación), y no funcionó. Es la pretensión de que, al tener al empleado del ICP (Instituto de Cultura Puertorriqueña) en OGPe, voy a poder decirle a esa persona ‘autorízame el proyecto sin tener que hacer estudio arqueológico’. Eso no funciona así, el empleado, cuando lo delegas allí (en OGPe), sigue siendo empleado del ICP y está sujeto al cumplimiento”, matizó el planificador.

En última instancia, señaló el también consultor, la agilidad de los permisos depende directamente del nivel de personal y recursos disponibles en las agencias pertinentes, así como de los requisitos federales, que no pueden ser obviados mediante directrices estatales.

“Es muy peligroso porque, en la transición (gubernamental), lo que nos dimos cuenta es que las oficinas de permisos no tienen personal, hay un problema de capacitación y un problema estructural de que el Reglamento Conjunto no sirve. Al eximir de un permiso local, pues sí, vas a tenerlo con las consecuencias que eso pueda tener. En los programas federales, el problema estriba en que son las agencias federales que quieren que se cumpla con todos los requisitos ambientales, de cumplimiento con SHIPO (Oficina Estatal de Conservación Histórica), del ICP, y que no tomes una acción sin que lo hayas evaluado”, abundó García Pelatti.

Recalcó, además, que una mayor disponibilidad de recursos está directamente atada al factor presupuestario, controlado por la Junta de Supervisión Fiscal.

Mientras, al declarar el estado de emergencia por los deslizamientos de terrenos en las vías públicas, la gobernadora facultó al DTOP y la ACT para identificar todas las áreas que deban regirse por el trámite acelerado para propósitos de la reparación.

La OE-2025-004 precisa que, mientras se encuentre vigente la declaración, “se exime total y absolutamente al DTOP, a la ACT y a cualquier otra agencia del gobierno de Puerto Rico de la obligación de solicitar, gestionar, radicar o cumplir con cualquier permiso, consulta, endoso, comentario, recomendación, certificación, o trámite colateral ante cualquier agencia, relacionado con los proyectos identificados”.

El DTOP y la ACT serán liderados por Edwin González Montalvo, quien bajo la administración de Pedro Pierluisi estuvo a cargo de esta última corporación pública.

“Dicha exclusión será una total en cuanto a cualquier permiso o solicitud de permiso que sea requerido de ordinario e incluye, sin que se entienda como una limitación, aquellos expedidos por la OGPe, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (y) el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Esta exención incluye, pero no se limita, a los requisitos establecidos en leyes, reglamentos o procedimientos ordinarios de las agencias”, añade, al detallar que igualmente se activarán los procedimientos de emergencia para compras en la Administración de Servicios Generales y otras entidades pertinentes.

La primera orden ejecutiva expedida por González, luego de su juramentación temprano en el día, en el Tribunal Supremo, decretó el jueves como día feriado en el gobierno para que los servidores públicos pudieran participar “en las celebraciones de la toma de posesión”.

Sigue aquí todas las incidencias de la toma de posesión: