La desconfianza de la ciudadanía, estructuras procesales deficientes y recursos limitados para llevar a cabo las pesquisas son solo algunas de las razones que esgrimen, por separado, conocedores del proceso penal al intentar explicar lo que parecería ser la inacción el gobierno estatal ante la ola de actos de corrupción pública de alto perfil que, en los pasados años, se han ventilado casi exclusivamente en la esfera federal.