El secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, anunció este jueves que, tras un diálogo con los directivos de LUMA Energy, se acordó posponer el cierre de siete oficinas regionales que se había anunciado a principios de esta semana.

Domenech indicó a El Nuevo Día que, por encomienda de la gobernadora Jenniffer González, comenzó, desde el domingo, un diálogo, junto al zar de Energía, Josué Colón, con el presidente de LUMA, Juan Saca, con el objetivo de que se diera marcha atrás a los cierres anticipados en Cayey, Manatí, Naranjito, Santa Isabel, San Sebastián, San Germán y Utuado.

“Inmediatamente, comenzamos un diálogo con el señor Saca. Esos diálogos continuaron lunes, martes, miércoles, hasta que formalmente se acordó que se iba a posponer el cierre de las oficinas anunciado para el mes de marzo. Se va a posponer hasta nuevo aviso. No hay fecha”, explicó el funcionario.

El portavoz de LUMA, Hugo Sorrentini, confirmó la información provista por La Fortaleza.

El consorcio, que tiene a su cargo la transmisión y distribución del sistema eléctrico de la isla, había anunciado el domingo el cierre de las oficinas a partir del 28 de marzo. Entonces, argumentaron que la clausura de los locales, en propiedades de alquiler, procuraba generar ahorros.

Domenech indicó que, tras la posposición de los cierres, la gerencia de LUMA se reunirá con los alcaldes de los siete municipios en busca de alternativas.

“LUMA reconoció el error de no haber notificado al gobierno y no haberse sentado a hablar con los alcaldes, así como no haber hecho un análisis más profundo del impacto que esto tendría más allá de costo. Tengo que reconocer que LUMA hizo los reconocimientos correspondientes en las comunicaciones”, sostuvo Domenech.

“Hasta que se dé esa reunión con los alcaldes, hasta que se haga un análisis de alternativas para proteger a los adultos mayores y otras personas que necesitan ir a estas oficinas físicas, se han pospuesto indefinidamente esos cierres”, reiteró.

Domenech enfatizó que La Fortaleza se opone al cierre de oficinas de LUMA, y rehusó adelantarse a cualquier decisión posterior del consorcio.

“La gobernadora no está de acuerdo con los cierres porque tienen un impacto directo en poblaciones vulnerables”, afirmó.

El cierre fue duramente criticado por clientes de LUMA, así como por alcaldes y legisladores de los pueblos impactados, que reclamaron, desde que se anunció el domingo, que se revirtiera la decisión.