El gobierno redistribuyó cerca de $12.7 millones del presupuesto vigente para costear los gastos por concepto de liquidación de vacaciones y del pago de pensiones por lo que resta del año fiscal para los 1,129 empleados públicos que se beneficiaron de la Ley 80 de 2020, revela una comunicación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que expone el impacto del controvertido programa de retiro incentivado en las finanzas públicas.