El proyecto de administración de la gobernadora Jenniffer González que busca conceder licencias de 40 años para la ocupación de las estructuras existentes en el litoral de La Parguera calca, en prácticamente todas sus disposiciones, la medida que, en 2016, recibió el aval del Senado y la Cámara de Representantes, antes de recibir el veto de Alejandro García Padilla, en medio de la amplia oposición de sectores ambientales y científicos.

“Dichas residencias y estructuras deberán estar sujetas a cánones por el uso de la superficie por un término de 40 años, sujeto a la posibilidad de renovación al culminar dicho período. Los cánones que se podrán cobrar serán entre un 5% y un 10% mayor a los establecidos y cobrados por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a las marinas y muelles”, precisa la pieza legislativa, que enmienda principalmente la ley orgánica de esa agencia, encargada de administrar los bienes de dominio público en la zona marítimo terrestre.

La única diferencia sustantiva que El Nuevo Día pudo identificar entre la medida sometida este miércoles por González y el Proyecto del Senado (PS) 1621 que, hace nueve años, completó el trámite en los cuerpos legislativos se centra en el uso de los recaudos por concepto de los derechos cobrados a cambio de las concesiones. Mientras el PS 1621 distribuía el 50% de los ingresos al DRNA y el restante 50% al Municipio de Lajas, la pieza actual solo separa la mitad para la agencia para atender las necesidades de la reserva natural “y la zona costera del suroeste de Puerto Rico e islas e islotes adyacentes”, sin precisar adónde se destinaría la otra parte.

El Nuevo Día intentó contactar al alcalde de Lajas, Jayson Martínez, pero el ejecutivo novoprogresista no estuvo disponible.

Al igual que el proyecto de 2016, la medida –que el portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista en el Senado, Juan Oscar Morales, anticipó que sufrirá enmiendas– ordena al DRNA definir, dentro de seis meses, el marco regulatorio para viabilizar la legalización de las residencias, entre las que figura la que ocupan los suegros de la gobernadora. Morales indicó, durante una entrevista televisiva (TeleOnce), que los cánones que cobraría la dependencia deben ser mayores a lo que estipula el proyecto de administración.

La pieza legislativa se anunció un día después de que el secretario designado del DRNA, Waldemar Quiles Pérez, enmendara la orden administrativa que había emitido en su primer día en funciones, para disponer que, en lugar de archivar automáticamente los “casos relacionados” con las estructuras de La Parguera, la Oficina de Oficiales Examinadores analice cada controversia y decida si deben desestimarse. La enmienda se produjo luego de que Quiles Pérez compareciera ayer, martes, a una sesión de interpelación ante el pleno del Senado, que cuestionó su proceder con la orden administrativa inicial, que firmó el 9 de enero.

El abogado ambiental Pedro Saadé señaló que, si bien el lenguaje “más moderado” de la orden modifica el inciso 3(f) –que archivaba los casos–, “el resultado va a ser el mismo o puede ser el mismo”.

“En segundo lugar, la primera parte de la orden es hasta más perjudicial (que la sección sobre el archivo), no solo porque es ilegal o antirreglamentario, sino en términos ambientales, ecológicos y sociales, por su naturaleza de bien público”, sostuvo Saadé, en referencia a las disposiciones que conceden un permiso para la ocupación de las residencias existentes por cinco años.

Al momento de esta publicación, el DRNA no había precisado cuántos casos administrativos, si alguno, se archivaron a raíz de la orden administrativa del 9 de enero. En 2023, la entonces secretaria Anaís Rodríguez Vega había indicado que el DRNA procesaba cuatro denuncias, incluyendo la que presentó ese año el hoy senador Eliezer Molina contra José Vargas Cortés e Irma Llavona Rivera, suegros de la gobernadora.

“El principio de ocupación exclusivo no va a la par con la naturaleza del bien (público)”, dijo Saadé sobre la intención del proyecto.