La gobernadora Jenniffer González adelantó este jueves que espera remitir a la Legislatura, a más tardar la semana entrante, los proyectos con las recomendaciones que le presentó “por unanimidad” su Comité de Transformación Energética, que incluyen la eliminación de las metas intermedias de energía renovable y la posposición de la prohibición a la generación eléctrica mediante la quema de carbón.

“Hay algunos proyectos que ya están redactados, y otros en vías de redacción. De aquí a la próxima semana debemos tener ya todas las medidas energéticas, que serán las primeras radicadas. Nos hemos tomado el tiempo”, expresó González, en una conferencia de prensa, en La Fortaleza.

Aunque no precisó cuántos proyectos de administración serán necesarios para modificar la política pública existente, en su repaso de las recomendaciones que el grupo de trabajo le entregó el miércoles, la gobernadora enumeró, al menos, tres piezas separadas que se atenderán con prioridad.

En la primera, se procuraría la eliminación de los objetivos intermedios para la cartera de energía renovable, actualmente fijados en 40% para este año y 60% para 2040, como pasos de avance previos a lograr el 100% para 2050.

“Eso nos va a dar flexibilidad de no tener que detener la aprobación de proyectos de energía que podamos tener para generación, poder proceder con conversiones de plantas existentes que están quemando combustible o instalar nuevas unidades de gas natural, hidrógeno o combustibles flexibles y baterías de almacenaje para estabilizar la carga base y expandir la reserva (de producción eléctrica) y tener funcionamiento en períodos de alta demanda en lo que las nuevas tecnologías renovables se expanden”, afirmó.

Paralelamente, González recalcó que las metas a largo plazo de “energía renovable” se reemplazarían por el concepto de “descarbonización”, en referencia a reducciones en las emisiones de dióxido de carbono.

El proyecto, dijo, “va de la mano” con la enmienda que modificaría el mandato para que la cogeneradora AES, en Guayama, cese sus operaciones a finales de 2027 para que, en su lugar, la veda a la quema de carbón se condicione a que haya capacidad de generación sustituta.

En una legislación separada, González anticipa crear un marco regulatorio para la operación de las llamadas plantas de energía virtuales, mediante las cuales el administrador del sistema eléctrico –rol en manos de LUMA Energy– puede controlar las baterías de almacenamiento de clientes individuales para suplir deficiencias de generación en la red, a cambio de una compensación económica. Según la gobernadora, se prevé que el acceso a las baterías sea “voluntario” para prosumidores existentes, pero se haría compulsorio prospectivamente.

Por último, González señaló que someterá a consideración legislativa la creación del puesto de zar de Energía –al que ya designó, mediante orden ejecutiva, a Josué Colón–, al que espera dotar de facultades análogas al secretario de Energía de Estados Unidos.

“Va a tener facultades para investigar y copiar lo que hace su homólogo en el Departamento de Energía, con un componente propio de investigación científica y estudios técnicos, similar a los ‘National Laboratories’, para que, en vez de que estemos pagando servicios externos, podamos tener un investigador interno y local”, afirmó González, como parte de la rueda de prensa en la que anunció las designaciones de los jueces Raúl Candelario López y Camille Rivera Pérez a las vacantes existentes en el Tribunal Supremo.

La gobernadora señaló que, en el transcurso de las próximas semanas, el Comité de Transformación Energética abundará en las discusiones sobre si la Oficina del Zar deberá convertirse en un departamento dirigido por un secretario, alternativas para fortalecer la red de transmisión y distribución e identificar las fuentes de financiamiento para proyectos que no estén atados a la reconstrucción por daños causados por los huracanes Irma y María (2017).

Además de las estrategias que se tramitarán mediante legislación, el comité propuso por consenso activar las disposiciones de emergencia contenidas en la Ley 76-2000 para agilizar las obras vinculadas a la generación eléctrica y decretar un estado de emergencia que se extienda por, al menos, 10 años.