Para continuar recibiendo los fondos de reconstrucción por desastres, el gobierno de Puerto Rico sigue sujeto al requisito de contar con un “ente que reciba y monitoree la inversión federal”, subrayó este miércoles la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), luego que la gobernadora Jenniffer González afirmó que, en una reunión con personal de esa dependencia, se le informó que “no había problema alguno en eliminar el COR3 (Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia)”.

“La enmienda número 5 del aviso de declaración de desastre mayor para Puerto Rico establece el acuerdo entre el gobierno de Puerto Rico y FEMA para que se establezca un ente que reciba y monitoree la inversión federal para la reconstrucción. Esto con el fin de garantizar una gestión eficiente en los proyectos y en la distribución de los fondos asignados”, indicó FEMA en unas declaraciones escritas que aclaran el alcance de las expresiones que La Fortaleza emitió el martes.

Desde que se encontraba en su campaña primarista, González prometió eliminar el COR3, instrumentalidad a la que atribuye un lento manejo de los fondos de reconstrucción asignados por FEMA, que totalizan sobre $53,000 millones desde el paso del huracán María (2017). En términos globales, el gobierno federal ha asignado a Puerto Rico poco más de $90,000 millones para propósitos de reconstrucción, incluyendo partidas provenientes de otras agencias y que no son tramitadas por el COR3.

El martes, González y el nuevo director ejecutivo del COR3, Eduardo Soria Rivera, tuvieron un encuentro con personal de FEMA, incluyendo el administrador interino de la Región 2, Andrew D’Amora, y el jefe de Puerto Rico y el Caribe, Orlando Olivera.

Según el comunicado que La Fortaleza envió, D’Amora “indicó que no había problema alguno en eliminar el COR3 y mantener un representante autorizado del gobernador”, figura conocida en inglés como GAR. El puesto de GAR, en este momento, lo ocupa Soria Rivera, en reemplazo de Manuel Laboy, quien fue director del COR3 en la administración de Pedro Pierluisi.

En una publicación en su perfil oficial de Facebook, González había abundado que, más allá de eliminar el COR3, D’Amora había señalado que se debe “mantener un ente que monitoree el uso de los fondos para garantizar la inversión federal junto al GAR”, un lenguaje que no incluyó en el parte de prensa.

El COR3 se estableció semanas después del huracán María por orden ejecutiva del entonces gobernador Ricardo Rosselló, como una entidad adscrita a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas. La dependencia, en síntesis, funge como el recipiente directo de los fondos de reconstrucción de FEMA y se encarga de los procesos para remitir el dinero a los subrecipientes –agencias, corporaciones públicas, municipios y entidades sin fines de lucro– y de garantizar el cumplimiento con las normativas federales.

El pacto entre el gobierno de Puerto Rico y su contraparte federal en noviembre de 2017, suscrito por el entonces administrador nacional de FEMA, Brock Long, precisa que el territorio deberá establecer “una autoridad de supervisión de subvenciones, apoyada por terceros expertos, que sirva como recipiente del financiamiento de Asistencia Pública y Mitigación de Riesgos para garantizar una gerencia de proyectos adecuada y control y supervisión mejorada sobre la distribución de fondos de FEMA”.

Dentro de esa obligación, los “terceros expertos” –rol que han ejercido diversas firmas contratadas por el COR3– tienen la responsabilidad validar los estimados de costos de los proyectos reclamados a FEMA.

La discusión sobre el COR3 se enmarca, a su vez, en la incertidumbre con el futuro de FEMA, luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuviera, la semana pasada, que le gustaría cerrar la dependencia y dejar que los estados y territorios se encarguen de gestionar la recuperación tras desastres.