La gobernadora Jenniffer González amplió el estado de emergencia energética vigente en Puerto Rico y activó un “proceso expedito” que exime “total y absolutamente” a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), LUMA Energy, Genera PR, AES Puerto Rico y EcoEléctrica de toda obligación de solicitar, gestionar, radicar o cumplir con cualquier permiso.

La exención absoluta está contenida en una nueva orden ejecutiva (OE-2025-016) firmada por la mandataria el miércoles, con el objetivo de acelerar el desarrollo y reconstrucción de proyectos de generación, así como de la red de transmisión y distribución eléctrica e infraestructuras auxiliares.

“Lo que busca es agilizar la reconstrucción para tener luz. La realidad es que los permisos energéticos conllevan permisos estatales, de (Departamento de) Recursos Naturales, de (la Junta de) Calidad Ambiental, de (la Junta de) Planificación, además de agencias federales”, afirmó.

“Todo me puede tomar entre cinco a seis años. Puerto Rico no tiene cinco o seis años para esperar para poner una planta, porque ya el verano aquí está tan frágil, que aquí va a haber apagones. Por lo tanto, yo tengo que buscar acelerar lo más que pueda tener plantas, conversión de plantas que hoy queman carbón, combustible, (cambiarlas) a gas natural y la fabricación de plantas nuevas o de placas solares o de gas natural o las plantas hidroeléctricas”, explicó, en conferencia de prensa.

González aseguró que el decreto le permite “cortar, por lo menos, de seis a 24 meses el proceso de permisos en el gobierno por la emergencia”.

Además, con la nueva orden ejecutiva, las compañías estarán exentas de realizar o necesitar cualquier consulta, autorización, endoso, comentario, recomendación, certificación o trámite colateral ante cualquier agencia u oficina gubernamental “en lo que respecta a trabajos de reparación, reconstrucción y/o reemplazo de equipos o componentes del sistema eléctrico”.

“Las acciones necesarias para la ejecución de estos trabajos podrán realizarse de forma inmediata, sin necesidad de permisos previos, radicación de casos o tramitación administrativa alguna”, subraya el decreto.

Dicha exención, abunda el documento, aplica de forma integral a toda acción o requerimiento que, en circunstancias ordinarias, sería exigido por ley o reglamento, e incluye –sin que se entienda como una limitación– los permisos, certificaciones o endosos emitidos por la Oficina de Gerencia de Permisos, la Junta de Planificación, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, el Instituto de Cultura Puertorriqueña y cualquier otra agencia que regule los trabajos de reparación, reconstrucción y/o reemplazo de equipos del sistema eléctrico.

Al preguntársele cómo se evitarían problemas o daños ambientales, así como casos de corrupción con una exención “total” a los permisos, la gobernadora respondió: “Yo estoy dejando el proceso de subasta y el proceso de licitación”.

Agregó que tanto, el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) como el zar de Energía, Josué Colón, tendrán que fiscalizar las obras.

“La transparencia está ahí. Lo que estamos es acelerando, porque no podemos, por tener un papel, castigar al pueblo de Puerto Rico que no tengamos luz en los hospitales, luz en las escuelas, luz en las casas. Nosotros tenemos que buscar, ahora mismo, una manera de mitigar y traer generación para verano”, subrayó.

La orden ejecutiva cita el marcado deterioro y abandono del sistema eléctrico durante décadas, así como la devastación causada por el huracán María, en 2017, como justificación para la “modificación y ampliación” del estado de emergencia y la activación del “proceso expedito”. De igual modo, valida la declaración –emitida originalmente por el exgobernador Pedro Pierluisi en marzo de 2021– enumerando los retos que la isla enfrenta en torno a la generación de energía, las averías y las deficiencias en capacidad.

Además, cita dos órdenes ejecutivas presidenciales, firmadas, el 20 de enero, por Donald Trump, en las que declara una “emergencia para apalancar energía americana” y una “emergencia energética nacional”. Estas órdenes, según el decreto de González, establecen “la urgencia y necesidad de eliminar burocracia, cumplir con las leyes aplicables, acelerar los procesos de permisos y priorizar eficiencia y certeza sobre cualquier otro objetivo que pueda dilatar y crear ambigüedad en los procesos de permisos”.

“Esta exención (a las compañías eléctricas) incluye, pero no se limita, a los requisitos establecidos en leyes, reglamentos o procedimientos ordinarios de las agencias u oficinas”, lee la orden de la gobernadora, añadiendo que el NEPR continuaría ejerciendo sus funciones como ente regulador de la política pública energética del país.

También, establece que el zar de Energía deberá supervisar las actividades que se realicen en virtud de la orden, así como prestar ayuda y coordinación en los esfuerzos que resulten necesarios en la implantación de la nueva normativa.

La declaración firmada por González se limita a establecer que las acciones de las empresas “deberán ejecutarse cumpliendo con los estándares mínimos de seguridad aplicables y en estricto cumplimiento con las normas y regulaciones federales vigentes”.

“Es menester recalcar que el propósito de esta orden ejecutiva y las previamente emitidas es centrarse en el uso del mayor sentido común, en cumplimiento con las leyes aplicables, en atención a la urgencia y emergencia energética que enfrentamos”, puntualiza el documento.

La AEE, LUMA, Genera PR, AES y EcoEléctrica deberán presentar un informe ante el NEPR y la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, también dirigida por Colón, “sobre los gastos incurridos al cierre de las labores” dentro de los 30 días luego de completado cada proyecto.