Representantes de las empresas que administran y operan el sistema de generación eléctrica celebraron este viernes la orden ejecutiva (OE) que les exime de cumplir con cualquier permiso del gobierno local para trabajos de reparación, reconstrucción o reemplazo en la red, al tiempo que líderes ambientalistas alertaron que el decreto tiene “vicios de ilegalidad” y podría tener consecuencias irreversibles para los recursos naturales.

La OE 2025-016, que la gobernadora Jenniffer González firmó el miércoles, amplía el estado de emergencia energética en la isla –vigente desde marzo de 2021– para incluir los sistemas de distribución y transmisión, así como de generación y la infraestructura auxiliar. Con esto, activó un proceso expedito que releva “total y absolutamente” los requerimientos de permisos a las empresas privadas y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para sus trabajos.

Para Iván Báez, portavoz de Genera PR, la orden será de beneficio para agilizar la reconstrucción del sistema y, a su juicio, demuestra que la administración de turno está “sumamente clara” de que la situación energética debe atenderse con una emergencia y que “hay que pasarle por encima a la burocracia”.

“Es beneficioso para el pueblo de Puerto Rico que esta orden ejecutiva se haya emitido. La misma refleja el compromiso de la gobernadora de atender, con el mayor sentido de urgencia, los problemas que enfrenta el sistema eléctrico”, dijo.

La orden se ancla en el Artículo 5.10 de la Ley 20-2017, que detalla los “poderes extraordinarios” del gobernador durante una declaración de emergencia o desastre.

Sin embargo, para los abogados ambientalistas Ruth Santiago y Pedro Saadé, esta disposición está dirigida a atender los estragos de desastres naturales y no de infraestructura, como se pretende.

“Esta ley dispone, en ese artículo, que se puedan suspender los reglamentos por un desastre natural, un terremoto o un huracán, que no puede seguir el trámite usual. Pero aquí, no estamos ante ninguno de esas situaciones. No empece la situación seria del sistema energético, no estamos ante una de esas instancias. En otras palabras, no hay una fuente legal para hacer lo que esta orden ejecutiva está haciendo”, dijo Saadé, al afirmar que la OE 2025-016 tiene “vicios de ilegalidad”.

También, señaló que esta acción se asemeja al gobierno, por decreto y sin autoridad en ley, que ha empleado el presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero.

Sobre la posibilidad de impacto ambiental, el director de la Alianza Pro Desarrollo Energético de Puerto Rico (ADEPR), Ricardo Ramos, aseguró que “la mayoría” de los proyectos que no requerirán permisos, en virtud de la ejecutiva, serán en lugares ya impactados por la infraestructura energética existente.

“Por ejemplo, las reparaciones en las plantas, aunque son dentro de las plantas, requieren ciertos permisos también, pero son dentro de las plantas, siempre se están reparando cosas allá dentro. Por lo tanto, obviar ciertos permisos durante ese proceso (de emergencia), pues, realmente hace sentido y el costo beneficio es amplio”, dijo el también exjefe de la AEE.

La OE 2025-016 dispone, en su sección 1, que es “imperativo allegar y autorizar” generación temporera a corto plazo y mediante la reparación de unidades generatrices a base de combustibles fósiles, así como “adelantar la más pronta construcción de plantas de generación base”.

El director de la ADEPR –que agrupa a las empresas generadoras de energía– entiende que, de darse la construcción en un espacio no impactado, del que no se tenga “récord de pruebas anteriores”, sí se requerirán permisos.

“En cuyo caso, pues, la expectativa que tiene la industria sobre el gobierno es que se haga los permisos también aceleradamente, de manera expedita. Pero, en cuanto a obviar permisos, diría que son ciertas oportunidades que hay, donde realmente se pueden obviar permisos porque son lugares en donde ya hubo generación”, recalcó.

Asimismo, dejó claro que las fuentes de energía que favorecen, como el gas natural, pese a ser un combustible fósil, sigue siendo menos contaminante que las plantas actuales, que operan a base de derivados del petróleo.

Por su parte, la ingeniera Ingrid Vila entiende que no hay justificación para que los proyectos de infraestructura no pasen por el requerimiento de permisos y reglamentaciones, que, destacó, proveen “garantías de evaluación y de participación ciudadana”.

“El uso de estas declaraciones para manejar lo que son complejidades de la gestión pública es una barbaridad. Más bárbaro aún es eximir a privados de cumplir con la ley, como hace esta orden ejecutiva. Es una artimaña para manipular atemorizando al pueblo con un estado de emergencia, cuando lo que hay es una mala operación y manejo del sistema eléctrico”, expuso.

Vila y Saadé coincidieron, por separado, en que no se podrá contar con el contrapeso del gobierno federal para la protección ambiental, por el giro de la segunda administración de Trump a flexibilizar reglamentaciones.

“Aunque podrían existir en otros casos y en otros momentos contrapesos a nivel federal, la línea y la tendencia en Estados Unidos es que, en esta ocasión, esos contrapesos no van a estar allí para detener u obligar que haya revisiones y escrutinio sobre esos proyectos”, consideró Vila.

En tanto, Santiago entiende que la orden ejecutiva va en contra de la política pública energética que, pese a las recientes enmiendas a las metas intermedias, mantiene la meta de tener el 100% de fuentes renovables para 2050.

“Así, no vamos a llegar nunca, con todas estas plantas fósiles que se están proponiendo aquí”, aseguró.

La OE 2025-016 continúa delegando la fiscalización de ese cumplimiento con la política pública al Negociado de Energía, que, mediante su portavoz, Sheila Angleró, comunicó que, de momento, “no emitiría opiniones”. AES Puerto Rico tampoco emitió comentarios.

Aunque se les solicitó reacción, no estuvieron disponibles el zar de Energía, Josué Colón; la directora de la AEE, Mary Carmen Zapata; ni las empresas EcoEléctrica y LUMA Energy.