La secretaria del Departamento de la Familia, Ciení Rodríguez Troche, urgió este miércoles al gobierno entrante a revisar la ley orgánica de la agencia para adaptar su estructura a los dramáticos cambios demográficos del país, donde los adultos mayores se han convertido en el principal sector poblacional, una tendencia que se exacerbará en las próximas décadas.

En su comparecencia a las vistas de transición gubernamental, Rodríguez Troche recalcó que la última revisión mayor del estatuto se produjo en 1995, a través del plan de reorganización que rebautizó a la agencia, hasta entonces conocida como el Departamento de Servicios Sociales, y que actualmente, de las cuatro dependencias bajo la sombrilla de Familia, tres atienden principalmente las necesidades de la población infantil, una proporción que igualmente se refleja en las asignaciones presupuestarias.

“Nuestra realidad sociodemográfica ha cambiado, así que es necesario reevaluar la ley orgánica, verificar dónde estamos y hacia dónde debemos irnos. Estamos proponiendo el desarrollo de una nueva ley orgánica para el Departamento de la Familia”, subrayó la funcionaria, quien depuso ante el Comité de Transición acompañada de los jefes de las administraciones de Familia y Niños (Adfan), Sustento de Menores, Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef) y Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez.

A preguntas del exlegislador Jorge Colberg Toro, del comité entrante, Rodríguez Troche indicó que Familia no ha preparado un borrador de una ley orgánica, aunque cuenta con recomendaciones de los puntos que debería atender.

“Ciertamente, no es directamente una de las prioridades, pero sí lo es atender como prioridad los servicios de los adultos mayores. Muchas de esas cosas estamos buscando trabajarlas de manera administrativa y utilizando órdenes ejecutivas para acelerar ese cambio”, expresó luego, en rueda de prensa, Verónica Ferraiuoli, del comité entrante y directora del comité de plataforma de la gobernadora electa Jenniffer González.

El senador popular Juan Zaragoza, también del comité designado por González, subrayó que, de los $3,800 millones que Familia y las agencias bajo su sombrilla reciben, cerca de $3,400 millones –incluyendo las asignaciones del Programa de Asistencia Nutricional (PAN)– provienen del gobierno federal, partidas que se destinan, en su mayoría, a atender a los menores de edad y sus familias, “respondiendo posiblemente a una realidad demográfica en Estados Unidos diferente a la de nosotros”. Zaragoza abundó que, en el Censo de 2000, había 37 adultos mayores por cada 100 jóvenes, proporción que, para el 2020, se había invertido, con 107 adultos mayores por cada 100 menores de 18 años.

“En este momento, estamos estipulando que, para el próximo año fiscal, debería haber, exclusivamente para atender el crecimiento, cerca de $120 millones para atender el programa de ama de llaves y las subvenciones (de cuido) de adultos mayores. Del fondo legislativo, se dan cerca de $990,000 para municipios y amas de llaves; eso no da para nada en términos de los municipios”, acentuó Rodríguez Troche, quien sostuvo que existe un espacio muy “limitado” para acceder a fondos federales adicionales para cubrir necesidades de adultos mayores.

Según la titular, este año fiscal, el programa de amas de llave cuenta con un presupuesto de $90 millones.

Posteriormente, en conferencia de prensa, Rodríguez Troche sostuvo que una porción de esa partida podría obtenerse mediante reclamaciones adicionales al gobierno federal que gestione una oficina de “cost allocation” (consignación de costos) en Familia, unidad que se encuentra a la espera de aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

En su ponencia, Rodríguez Troche advirtió, asimismo, que la legislación vigente no otorga jurisdicción clara a agencias como Familia o el Departamento de la Vivienda para reglamentar el funcionamiento de las égidas. “Esta área gris en la legislación actual requiere una atención urgente”, alertó.

Otra preocupación que se trajo a la mesa en la vista –celebrada en la sala sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes de Santurce– fue el trámite para la entrega al Estado de menores de más de tres años de edad, en casos en que los padres afirman carecer de los “recursos” para atender necesidades físicas, mentales o conductuales del niño.

Rodríguez Troche admitió, en un intercambio con el licenciado César Alvarado Torres, que el personal de la Adfan, en ocasiones, recomienda a los padres aceptar una declaración administrativa de “negligencia” que abra la puerta a que la agencia asuma la custodia provisional de estos niños que ya cumplieron los tres años, que es el umbral para la entrega voluntaria de menores.

“Es una realidad que enfrentamos todos los días, todos los días. Hace poco, estuvimos trabajando un caso donde realmente tuvimos que, inclusive, intervenir con una profesional del Departamento, porque el menor estaba requiriendo unas necesidades médicas y mamá no lo podía costear, y nosotros queríamos ayudarla. Esa profesional le dijo, ‘te tengo que poner el caso de negligencia para poder asumir custodia y el Departamento pagar el tratamiento’”, reconoció la secretaria, quien indicó que, si bien se disciplinó a la empleada, “la realidad es que, si vamos al lado humano, puedo entender por qué hacían eso”.

Aunque lo describió como un “área que tenemos que trabajar”, advirtió que tampoco sería factible flexibilizar la entrega voluntaria a tal punto que los padres puedan ceder la custodia del menor en cualquier escenario.

“Tenemos que empezar a pensar fuera de la caja en estos asuntos. Tal vez, en el Departamento de Salud, pudiera crearse un fondo para situaciones como esta”, sostuvo Rodríguez Troche, quien también abundó sobre la posibilidad de que se creen subvenciones que asistan a familias que adopten a niños cuyo perfil, típicamente, dificulta este proceso.

Sobre el debate de la transición del PAN al Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP)–que requiere un aval congresional que no se prevé se materialice a corto plazo–, el director de Adsef, Alberto Fradera, precisó que supondría un costo administrativo de $125 millones.