Aunque no cerró la puerta a que se modifiquen los trámites en el futuro, el secretario de la Vivienda, William Rodríguez, sostuvo este jueves que la falta de familiaridad de expertos locales con las reglamentaciones federales ha complicado la tramitación ambiental de gran parte de los proyectos financiados bajo el programa de Subvenciones en Bloque para Desarrollo Comunitario tras Desastres (CDBG-DR, en inglés), bajo el que se destinaron sobre $20,000 millones a Puerto Rico luego del huracán María, en 2017.

Rodríguez, en su comparecencia a las vistas de transición gubernamental, afirmó que ve oportunidad de que, bajo la nueva administración federal de Donald Trump, ese componente procesal –que catalogó como excesivo para la naturaleza de buena parte de los proyectos que se manejan bajo los 40 subprogramas de CDBG-DR– sea flexibilizado, lo que permitiría agilizar el desembolso de fondos.

El ritmo del desembolso de fondos –que ronda el 18% de las asignaciones, según datos oficiales–, precisamente, fue la principal preocupación que expresó el alcalde de Bayamón y presidente del comité de transición entrante, Ramón Luis Rivera Cruz.

“Es una cosa a veces que, para nosotros, es difícil de creer, y hemos tratado de evitar que en ciertos programas haya una evaluación ambiental. Hemos tratado de pedir ‘waivers’ (dispensas) para muchos nuestros programas. Por ejemplo, usted pensaría que la instalación de placas solares, para asistir a personas con fondos para adquirir una vivienda, pues, no haya que hacer una evaluación ambiental, pero hay que hacerla. HUD (Departamento de Vivienda federal) es bien rígido en el tema ambiental, excesivamente rígido”, afirmó el secretario, señalando que, con excepción de una dispensa para evaluar posible presencia de asbesto y plomo, “todas las demás instancias que hemos pedido algún tipo de relevo se ha negado”.

Rivera Cruz, seleccionado por la gobernadora electa Jenniffer González para encabezar su equipo de transición, inquirió, por un lado, si sería posible que aquellos municipios con más de 50,000 habitantes podrían manejar directamente los fondos CDBG-DR, como hacen con las asignaciones ordinarias bajo ese programa. Asimismo, cuestionó si las evaluaciones ambientales podrían ser realizadas por expertos municipales, en lugar de tener que aguardar por las inspecciones del personal de Vivienda.

Rodríguez replicó que, luego de los terremotos de 2020 en el sur, hubo municipios que pidieron administrar los fondos asignados por HUD, a lo que la entidad federal se negó.

“Si los municipios se quieren convertir en el ‘grantee’ (recipiente directo de fondos), y que haya sustitución del Departamento de la Vivienda, tendría que haber un cambio en la determinación del gobierno federal y una enmienda al plan de acción (para el manejo de fondos) no sería suficiente”, señaló Rodríguez durante un intercambio con Rivera Cruz.

“¿Podría cambiar el escenario, por ejemplo, en que aquellos municipios que tengan personal especializado, aceptar trabajos de personas y no tener que utilizar los del Departamento?”, inquirió Rivera Cruz.

“Siempre es una posibilidad”, respondió Rodríguez. “Lo que pasa es que hay proyectos más complejos y nos hemos dado cuenta que, en algunas instancias, el gerente de programas que tenemos ha tenido que suplir recursos que ha sido difícil para municipios obtener. La responsabilidad inicial es del diseñador del proyecto, que es el que contrata directamente el subrecipiente. Nos hemos dado cuenta que muchas veces estos diseñadores no tienen conocimiento completo de la reglamentación federal. Dominan la estatal, pero ha habido algunas situaciones que hemos estado supliendo”.

El secretario, a continuación, recomendó a la administración de González intentar “eliminar” la burocracia federal restante. “Con una administración entrante en el gobierno federal, que hemos escuchado que es mucho más abierta en el tema ambiental, (se debe) tratar de eliminar mucha de esa burocracia y rigidez… Que esos programas que deberían tener una evaluación bien sencilla o no tenerla –porque no hay impacto ambiental de ningún tipo–, eliminarlas, y concentrarnos en lo que de verdad tiene impacto ambiental”, sostuvo Rodríguez.

Durante la vista, también se cuestionó al secretario si tenía un inventario de las unidades que permanecen viviendo bajo toldos azules, a lo que respondió que Vivienda “atendió” todas las familias que ingresaron al programa de Reconstrucción, Reparación y Reubicación (R3) bajo estas condiciones. Según Rodríguez, las familias que fueron declaradas inelegibles para R3 fueron referidas a otras entidades gubernamentales, como la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario.

En la tarde del miércoles, las vistas continuarán con la presencia de las entidades encargadas del tema energético, incluyendo a la Autoridad de Energía Eléctrica, el Negociado de Energía de Puerto Rico y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas.