A partir de enero, quien asuma las riendas del Departamento de Educación tendrá que identificar una partida de $72 millones necesaria para mantener la operación del servicio de transportación a los estudiantes del sistema público, reveló este martes la secretaria saliente, Yanira Raíces, en la continuación de las vistas de transición gubernamental.

Actualmente, el presupuesto de Educación –ascendente a $5,300 millones– carece de fondos para costear este servicio en 2025. Hasta ahora, la transportación se ha financiado con fondos federales de emergencia, indicó Raíces. La agencia informó que 37,457 estudiantes -tanto de la corriente escolar como del programa de Educación Especial- utilizan la transportación escolar.

“Transportación, lo tengo cubierto, hasta ahora, hasta diciembre”, admitió.

La secretaria auxiliar de Administración, Yulimar Octaviani, explicó, por su parte, que el transporte está asegurado por los primeros cuatro días del nuevo semestre académico, que inicia el 8 de enero. De no identificarse los fondos, los estudiantes quedarían desprovistos del servicio a partir del 14 de enero.

“Para cubrir el segundo semestre completo, hasta el 30 de junio, (se necesitan) $72 millones”, puntualizó Octaviani. “Pero, quiero resaltar que el equipo de trabajo está trabajando y haciendo los análisis, las identificaciones para que se dé la continuidad del servicio”, agregó Raíces, al sostener que los esfuerzos incluyen conversaciones con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Octaviani señaló, además, que, por directriz del síndico de Educación, el servicio no puede ser financiado con fondos federales regulares, por tratarse de un proceso libre de competencia desde hace más de una década. Desde 2019, el gobierno federal le ordenó a la agencia la contratación de un síndico para supervisar el uso de fondos federales.

Durante la sesión de la tarde, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Juan Carlos Blanco, indicó que se identificó una reserva de $80 millones que se podría utilizar para cubrir la necesidad de Educación, pero, para ello, necesitarían la autorización de la JSF.

“Siempre se pueden encontrar opciones. Yo creo que, genuinamente, no es tanto un problema de disponibilidad de fondos, es trabajar con las partes y asegurar que se está cumpliendo con todas las exigencias”, arguyó Blanco.

Aparte de la exigencia del gobierno federal de que el servicio se obtenga a través de un proceso competitivo, la JSF está exigiendo un plan de mejoras operacionales y otro de optimización de rutas.

Al nuevo titular de Educación, le tocará también –con miras al próximo año fiscal 2025-2026, que inicia el 1 de julio– identificar $300.5 millones para las áreas de remedio provisional ($105 millones), seguridad escolar ($55 millones), terapias de Educación Especial ($60 millones), mantenimiento ($70 millones) y la adquisición de las licencias de Microsoft ($105 millones). Estos servicios, igualmente, eran subvencionados con dinero federal de emergencia.

A pesar de que los fondos están identificados en el presupuesto vigente, será responsabilidad de la nueva administración procurar, igualmente, los $360 millones anuales necesarios para sostener el alza salarial de $1,000 mensuales concedido al personal docente y administrativo desde el 1 de julio de 2022. Los primeros dos años del incremento fueron subvencionados con dinero federal.

“La Legislatura y el nuevo gobierno tienen un reto inmenso porque tienen que buscar una cantidad considerable de dinero recurrente, y yo le agradezco su sinceridad de ponerlo en la ponencia porque no queremos sorpresas”, dijo el exrepresentante Jorge Colberg Toro, miembro del Comité de Transición entrante.

Para este año fiscal, el 40% del presupuesto de Educación –$2,112 millones– está dirigido al pago de nómina y un 20% –$1,103 millones–, al cumplimiento de las pensiones.

Por su parte, el senador y miembro del Comité de Transición entrante, Juan Zaragoza, le cuestionó a Raíces sobre la carencia de estadísticas y métricas relacionadas con el aprovechamiento de los 236,421 estudiantes activos este semestre. La funcionaria alegó que sí cuentan con la información, pero no fue incluida entre los datos presentados públicamente ante el comité.

En su ponencia, Raíces solo incluyó resultados preliminares de los datos de las pruebas CRECE para el año académico 2023-2024, que apuntan a un leve crecimiento –de entre 1% y 9%– en las materias de Español, Matemáticas y Ciencias. El documento, sin embargo, careció de métricas sobre, por ejemplo, ausencias, tardanzas y los estudiantes que fracasan el grado.

“Uno lee esto y parece ser que la razón de ser del Departamento es obtener fondos y gastarlos porque como que se queda ahí y uno dice: ¿qué pasa con los estudiantes?”, expuso el legislador. “Esto no es gastar por gastar el dinero. Todo esto va dirigido a una persona, a un protagonista, que es el estudiante”, puntualizó.

A preguntas de Zayira Jordán, también del Comité de Transición entrante, Raíces no pudo precisar cuánto invierte la agencia por estudiante. Dijo que trabajan, a petición de la JSF, una métrica universal que precise un número real. Actualmente, este dato es recogido a través de diversas herramientas.

“Tratar de que tengamos una metodología, eso está ahora en proceso”, dijo.