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“Son medias verdades cargadas políticamente”, dice Víctor Ramos sobre los ataques en su contra

El secretario designado de Salud rechazó las alegaciones del presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, pero no proveyó evidencia para sustentar sus argumentos

21 de marzo de 2025 - 8:01 PM

Ramos Otero (foto) recalcó que la información divulgada y las expresiones de Díaz Vélez son “contundentes mentiras”. (Xavier Araújo)

El secretario designado de Salud, Víctor Ramos Otero, arguyó este jueves que las acciones y expresiones del presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Carlos Díaz Vélez, en contra de su confirmación son una acción coordinada con legisladores del Partido Popular Democrático (PPD).

En sus primeras expresiones a El Nuevo Día en medio de la controversia sobre la idoneidad de su nominación, Ramos Otero aseveró que Díaz Vélez, un exaspirante a la alcaldía de San Juan por el PPD, “está haciendo unos ataques políticos”.

“(Díaz Vélez) quiere decidir quién es el secretario… quién es el secretario penepé, del gobierno penepé”, dijo el titular designado, quien, al cuestionársele si el jefe del Departamento de Salud debería ser una persona sin afiliaciones, respondió: “La realidad es que este es un gobierno del Partido Nuevo Progresista.

“Qué casualidad que los ataques surgen cuando yo estoy en Washington. Todo esto es planificado”, abundó, al recalcar que, durante su ausencia para participar en la cumbre proestadidad organizada por la gobernadora Jenniffer González en la capital federal, surgieron “ataques” presuntamente encabezados por el portavoz del PPD en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz.

Cuando se le pidió evidencia de dicho vínculo, Ramos Otero –expresidente del Colegio de Médicos– dijo: “Ah, bueno, nadie me va a llamar para ponerme en ‘speaker’ (altavoz)”.

El Nuevo Día reseñó este jueves el contenido de dos auditorías del Colegio, un “subpoena” (citación) de un gran jurado y otros documentos oficiales del gremio que ponen en entredicho la administración de Ramos Otero mientras fue presidente.

Una de las auditorías destaca que Ramos Otero violentó el reglamento del Colegio al ocultarle información a la Junta de Gobierno sobre un préstamo que originó para pagar nómina de un plan médico para galenos que nunca vio la luz. La otra –que Ramos Otero reconoció que la encomendó– contiene múltiples hallazgos, entre ellos, que habría incurrido en conflicto de interés violentando regulaciones federales mientras el Colegio manejaba un programa, subsidiado con fondos federales, de pruebas de detección y vacunación contra el COVID-19. Para ese entonces, en 2021, Ramos cobraba su salario como presidente del gremio y otro como director médico del programa.

Este jueves, la gobernadora reiteró su defensa a Ramos Otero, pero dijo estar dispuesta a reconsiderar la designación si se le mostraba evidencia que sustenten las denuncias de Díaz Vélez.

“Que me la entreguen porque, si es algo que no sea chisme, yo quiero verlo”, expresó González, en una conferencia de prensa en Cataño.

Allí mismo, la senadora Migdalia Padilla, del PNP, reconoció que Ramos Otero, al momento, no cuenta con los votos para ser confirmado en la Cámara alta.

“Contundentes mentiras”

En tanto, Ramos Otero recalcó que la información divulgada y las expresiones de Díaz Vélez son “contundentes mentiras”. “Lo que se está diciendo son medias verdades cargadas políticamente a propósito”, declaró.

“Hay una carta del licenciado Peter Quiñones, encargado de los fondos FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) en Salud, autorizando esa contratación (como director médico del programa). De hecho, la contratación la pide Salud. Yo dije que yo no quería cobrar, pero ellos entendían que, si yo no cobraba y ocurría algo con algún paciente, yo iba a decir que me aplicara la Ley del Buen Samaritano para zafarme de cualquier cosa que pasara con un paciente”, agregó.

Sostuvo que el asunto fue discutido en una reunión de la Junta de Gobierno del Colegio, el 9 de diciembre de 2021, en la que propuso no cobrar un segundo salario.

“Yo salgo de la reunión porque iban a discutir sobre un salario mío. El doctor Carlos Díaz se queda presidiendo la reunión, y el doctor Carlos Díaz es el que hace la moción para que yo cobre”, indicó, al exponer que Díaz Vélez firmaba sus cheques.

Ramos Otero no proveyó copia de la carta de Quiñones, ni de la minuta de la reunión de la Junta porque “todo eso se quedó en el Colegio”.

Por otro lado, atribuyó a Díaz Vélez, no a Salud, haber llevado las auditorías a las autoridades federales, lo que dio pie a una pesquisa. “No soy tarjeta (de la investigación federal)”, aseveró.

“Son las dos auditorías de encargo de Carlos Díaz”, porque “ellos le mandaron los documentos que quisieron, con información que él (Díaz Vélez) le dio la gana de darle”, expuso.

Rechazó, también, que le haya ocultado al Colegio gestionar y concretar un préstamo, de Carlos Rodríguez Rivera, por $125,000 para el fallido seguro de salud.

“Él (Rodríguez Rivera) hizo una inversión de $25,000 al plan y su préstamo de $100,000. Se le notificó la solicitud de préstamo a la Junta”, aseguró.

En cuanto a su expulsión de la Junta de Gobierno, Ramos Otero dijo que fue discutida en el cuerpo rector, pero alegó que no se le permitió estar presente o defenderse. Indicó, además, que, “hace dos semanas”, el Comité de Ética que atendería el asunto “desestimó esa querella”, pero tampoco proveyó evidencia.

Sobre su renuncia esta semana a la membresía del Colegio, dijo que fue para “no jugarle más el juego político (a Díaz Vélez)”.

Reconoció, de otra parte, que su hijastra fue una de las personas que integró la nómina para darle vida al fallido plan de salud para galenos. Actualmente, la empresa Health Management Initiatives Group Inc. (HMI) mantiene una demanda de cobro contra el Colegio.

“Quien contrata a mi hija es HMI, no es el Colegio. Ella era la de reclutamiento. Ella hizo su trabajo y cobró por su trabajo”, expuso Ramos Otero.

“Él (Díaz Vélez) cambió los argumentos (de la demanda) que nosotros sometimos. Ya nos habían pedido un proyecto de sentencia para fallar a favor de nosotros, pero él cambió los argumentos y, ahora, está metido en eso… que está metido por culpa de él”, continuó.

En la demanda, HMI solicita $331,601.94 “por concepto de servicios prestados rendidos, facturados y no pagados, durante el período de enero de 2017 hasta agosto de 2017″ tras ser contactados por Ramos Otero para levantar el plan de salud.

Como mensaje final, Ramos Otero hizo un llamado a los senadores que le cuestionarán, en Comisión Total, el próximo jueves: “Que hagan todas las preguntas que quieran. Yo no he entrado en toda esta controversia, porque yo estoy dedicado a cumplir con el plan de trabajo de la gobernadora”.

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