La rehabilitación del Albergue de Víctimas y Testigos, el análisis sobre la validez del contrato de LUMA Energy y el manejo de casos de violencia de género fueron algunos de los puntos más álgidos que se abordaron este martes en la citación del Departamento de Justicia a las vistas de transición gubernamental, en la que el secretario Domingo Emanuelli enfrentó el interrogatorio de la exfiscal Janet Parra, quien abandonó la agencia hace dos años denunciando falta de apoyo a su gestión.

Emanuelli, acompañado de la subsecretaria Mónica Rodríguez Madrigal y la jefa de fiscales, Jessika Correa, defendió en todo momento la gestión realizada a lo largo del cuatrienio, destacando una tasa de convicciones de 94% en aquellos casos criminales que llegan a juicio, así como la drástica reducción de las contrataciones de abogados externos para representar al Estado en casos civiles.

“El Departamento de Justicia es el bufete más grande de Puerto Rico y cuenta con los mejores profesionales en el ámbito jurídico”, manifestó Emanuelli en su ponencia.

El secretario saliente y Parra, quien, al momento de su salida, era la jefa de la División de Crimen Organizado de Justicia, dejaron ver sus diferencias al abordarse el tema de las reparaciones al Albergue de Víctimas y Testigos, que está cerca de completar la primera de dos etapas de reconstrucción. Si bien Parra reconoció la importancia de contar con un albergue en condiciones, cuestionó a Emanuelli por qué no se auscultan vías para generar ingresos, como lo sería alquilar parte de la instalación para el alojamiento de policías que residen a gran distancia de su espacio de trabajo.

“Si se hubiese llegado (a ese acuerdo con la Policía), yo lo hubiese denegado”, afirmó Emanuelli. “Eso es un albergue para proteger a las víctimas y testigos del gobierno”.

“¿Preferiría que esas áreas se sigan deteriorando?”, le cuestionó Parra.

“Ese albergue se hizo para víctimas y testigos. En el otro (espacio) que está vacío, se está incluyendo para (víctimas de) Ley 54. Si quisieran, en el otro, que habría que remodelarlo, pudiera poner policías, pero no podría darles una función de que, además de vivir ahí gratis, estén cuidando a las personas en el albergue”, comentó Emanuelli, mientras Correa afirmó que la intención de Justicia es mantener separadas a las víctimas de violencia de género de los testigos cooperadores de delitos violentos, como asesinatos, que también se albergan en la instalación.

Parra, quien fungió como presidenta incidental en gran parte de la vista en sustitución del alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, comentó, en conferencia de prensa, que el intercambio con Emanuelli reveló cuán “enajenado” está su antiguo jefe, al plantear que su línea de preguntas buscaba abordar como cuestiones separadas el acuerdo entre Justicia y la Policía para que oficiales brinden seguridad en el albergue y otro entendido para que agentes pernocten en el lugar.

“Yo lo veo (al Departamento de Justicia) igual”, respondió Parra a una pregunta de la prensa sobre el estado de la agencia en comparación con el momento en que renunció.

De otra parte, Emanuelli enfatizó, a preguntas de la licenciada Verónica Ferraiuoli, que la opinión legal que emitió, en 2022, sobre el contrato de LUMA se limitó a evaluar el trámite que redundó en el acuerdo y las cláusulas del documento, sin contemplar potenciales incumplimientos posteriores del consorcio.

“Usted no estudió si, por ejemplo, las representaciones que se hicieron durante el proceso para escoger la APP (alianza público privada) son correctas o no”, señaló Ferraiuoli, quien lideró el comité de plataforma de la gobernadora electa Jenniffer González.

“El contrato es válido y tiene mecanismos para romperse o ir al tribunal. Fuera de eso, no (se evaluó) porque no se me encomendó”, replicó Emanuelli, quien destacó que es la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, con sus propios abogados, la que podría tomar acción dirigida a la rescisión, y no Justicia.

“El contrato recoge la intención de las partes, tan así que, en una parte, habla de que, ante cualquier diferencia de interpretación, ninguna parte va a tomar ventaja (…) En el contrato, de su faz, no hay ninguna violación que lo haga ilegal”, recalcó el secretario.

Posteriormente, en la rueda de prensa, Ferraiuoli subrayó que, de las respuestas de Emanuelli, se desprende que no existe ninguna opinión de Justicia que señale que LUMA ha cumplido con sus obligaciones, al tiempo que Rivera Cruz describió como “wishy-washy” (chapucero) el análisis legal.

Durante la vista, asimismo, se trajo a colación el incremento en feminicidios registrado a pesar del estado de emergencia por violencia de género declarado en 2021. En 2024, según datos del Observatorio de Equidad de Género, suman 80 las mujeres asesinadas, una cifra que, a más de un mes de concluir el año, supera significativamente las 51 de 2019, y representa el total más alto en, al menos, los últimos seis años.

Si bien los funcionarios de Justicia destacaron políticas implantadas, como exigir la presencia de un fiscal en las vistas de causa para arresto en casos de Ley 54 de Violencia Doméstica, Parra censuró que, en ocasiones, se designen fiscales de poca experiencia para esta función. Emanuelli y Correa subrayaron que todos los fiscales de la agencia, independientemente de la división a la que están asignados o el nivel de experiencia, han recibido el mismo adiestramiento para estos casos, incluyendo un curso “intensivo” de “dos o tres días”.

“Si usted envía a (una vista de) determinación de causa para arresto a una persona que no ha litigado, un abogado con muchos años de experiencia se los van a comer vivos. El Departamento de Justicia se tiene que asegurar que tengan un fiscal mentor”, puntualizó Parra a la prensa.

Al concluir la vista, Rivera Cruz señaló que, debido a las posposiciones de citaciones esta semana y el receso de Acción de Gracias a partir de mañana, miércoles, las vistas de transición se extenderán hasta el 9 de diciembre, en lugar del 5, como se había previsto.