La Administración de Vivienda Pública (AVP) pagó indebidamente, al menos, $43,403.16 por concepto de horas extra a una empleada administrativa, reveló una investigación de la Oficina del Inspector General (OIG), que identificó deficiencias en los controles internos de la dependencia.

El informe de la OIG documenta que los pagos fueron aprobados en incumplimiento con las normativas vigentes y sin la debida justificación, exponiendo fallas considerables de supervisión.

La investigación se originó tras una denuncia, recibida en julio de 2023, sobre la posible existencia de fraude presuntamente cometido por la empleada administrativa de la AVP (identificada como “Empleada A”). Aunque la OIG no pudo comprobar fraude directo, determinó que las horas extra reclamadas fueron autorizadas sin cumplir con regulaciones, incluyendo las establecidas en la Ley 26-2017 (“Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”).

“Esta situación contraviene los esfuerzos del gobierno por cumplir con su plan fiscal, lo que podría resultar en medidas más severas de control financiero y ajustes en la asignación de recursos”, lee el informe, con fecha del 18 de marzo.

A raíz de la denuncia, la OIG concluyó que la AVP no cuenta con controles administrativos efectivos para la fiscalización de las horas trabajadas fuera del horario regular, y no existen sistemas de cámaras que supervisen el área de los ponchadores ni formularios que detallen las labores realizadas en períodos extraordinarios. Como resultado, hubo pagos por horas extra que sobrepasaban el límite de 240 horas anuales permitido por ley, sin una necesidad real de la entidad, lo que representa una violación a la reglamentación vigente.

Cuestionado sobre este asunto, el administrador de la AVP, Juan A. Rosario Hernández, respondió que, “por tratarse de una investigación en curso, no podemos ofrecer mayores detalles”.

“Al momento, hemos respondido los requerimientos que nos ha realizado la Oficina de la Inspectora General y estamos en cumplimiento con todo lo solicitado. De igual forma, hemos implementado medidas correctivas para garantizar una sana administración”, dijo por escrito a El Nuevo Día.

Según el informe, los supervisores inmediatos de la empleada firmaban autorizaciones para trabajo sin verificar la necesidad real del servicio. Esta práctica se repitió bajo tres supervisores distintos desde 2017 hasta 2024, lo que permitió la acumulación indebida de pagos por horas extra. El desglose de pagos reflejó que, en algunos casos, se pagaron horas extra trabajadas en años fiscales anteriores. Por ejemplo, en julio de 2017, se le pagaron a la empleada horas extra acumuladas desde agosto de 2015, casi dos años después de haber sido registradas.

El informe concluyó que la AVP incurrió en violaciones a varias disposiciones legales que regulan el manejo de horas extra en el gobierno, incluyendo la Ley 8-2017 (“Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno”). Igualmente, se identificaron incumplimientos con la Ley 230-1974 (“Ley de Contabilidad del Gobierno”), así como el Artículo 4.2 de la Ley 1-2012 (“Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental”) sobre prohibiciones éticas de carácter general.

Según la OIG, la falta de controles adecuados permitió la repetición de este patrón de pagos indebidos durante más de seis años sin que se tomaran medidas correctivas.

Ante los hallazgos, la OIG ordenó a la AVP presentar un “Plan de Acción Correctiva”, que demuestre que se están tomando las medidas necesarias para evitar que estas irregularidades se repitan. Entre otras acciones, la OIG solicitó fortalecer los controles internos mediante la creación e implantación de documentos administrativos que regulen la autorización y fiscalización del trabajo realizado fuera del horario regular.

“Esto incluirá la adopción de un formulario oficial de ‘Autorización para Trabajo sobre Horario Regular’, el cual deberá detallar de manera específica la labor a realizarse, la justificación de la necesidad del servicio, el tiempo estimado para su ejecución y la validación por parte del supervisor inmediato y la Oficina de Recursos Humanos antes de su procesamiento en nómina”, anotó la OIG, en el informe.