Horas después de comparecer este martes a una sesión de interpelación ante el pleno del Senado, el secretario designado del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez, expidió una orden administrativa que enmienda el polémico decreto que archivaba de plano los casos relacionados con estructuras en La Parguera pendientes de adjudicación en la agencia, incluyendo la denuncia contra los suegros de la gobernadora Jenniffer González.

El nuevo inciso 3(f), incluido en la Orden Administrativa 2025-01A, al que El Nuevo Día tuvo acceso, instruye a los oficiales examinadores y jueces administrativos del DRNA a que, “luego de los trámites de rigor y de conformidad a lo establecido en el Reglamento de Procedimientos Administrativos del DRNA y en las Reglas de Procedimiento de Vistas Administrativas de la Junta de Calidad Ambiental, evalúe la aplicabilidad de las disposiciones de la presente Orden Administrativa a las circunstancias particulares de cada caso ante su consideración y, de entenderlo pertinente, ordene el archivo de los casos relacionados con las disposiciones establecidas en la presente Orden Administrativa por convertirse en académicos”.

La enmienda intenta aclarar la Orden Administrativa 2025-01, que Quiles Pérez firmó a horas de su nominación el pasado 9 de enero y que fue interpretada como una concesión de inmunidad amplia a los ocupantes de las residencias enclavadas en el litoral de La Parguera, en Lajas, un área designada como reserva natural en bienes de dominio público.

El documento, sin embargo, no aborda la regularización de las estructuras que se estipuló en la orden administrativa original, y que expertos en derecho ambiental han señalado que resulta improcedente, pues esencialmente enmienda las disposiciones del Reglamento 4860 del DRNA, que delinea los parámetros para el otorgamiento de “concesiones”, mediante los que se autoriza el uso de bienes de dominio público para fines privados.

En síntesis, el Reglamento 4860 solo permite las concesiones en zona marítimo terrestre cuando se trata de usos atados inherentemente al agua, como la construcción de marinas o villas pesqueras.

Entre las estructuras de La Parguera, figura la residencia de José Vargas Cortés e Irma Llavona Rivera, suegros de la primera ejecutiva, que desde 2023 enfrenta una querella –en respuesta a una denuncia del hoy senador Eliezer Molina– por una presunta ampliación ilegal que impactó los manglares del área. La División Legal del DRNA recomendó una multa de $25,000 contra la pareja, penalidad que permanece bajo un procedimiento administrativo en manos de la oficial examinadora María Ortega Ramírez.

González y Quiles Pérez, tras recibir las críticas iniciales en torno a la orden, alegaron que la administración anterior –que lideraba la exsecretaria Anaís Rodríguez Vega– dejó un borrador de la orden administrativa que el nuevo titular del DRNA suscribió tras su designación. Quiles Pérez, en la sesión de interpelación, aseguró que evaluó el documento en un período de apenas dos horas.

Aunque optó por enmendar la orden administrativa previa, Quiles Pérez sostuvo ante los senadores que el decreto no buscaba archivar automáticamente las querellas bajo evaluación. El secretario designado aseguró, a su vez, que el documento fue elaborado por el asesor legal del DRNA Samuel Acosta, quien ocupaba el puesto de jefe de la Oficina de Oficiales Examinadores y Jueces Administrativos al final del pasado cuatrienio.

“Para mí, dos horas no es algo corto, yo he estado en ambientes agresivos y hostiles donde he tenido que tomar decisiones en un corto tiempo”, afirmó a la Comisión Total del Senado, en donde igualmente planteó que no actuó bajo directrices de la gobernadora o allegados.