La gobernadora electa Jenniffer González tendrá ante sí en la primera semana del año entrante –coincidiendo con su toma de posesión– los borradores de la legislación dirigida, por un lado, a enmendar las metas de energía renovable establecidas en la política pública energética y, por otro, a crear la oficina del “zar” de energía, cuya ubicación en el organigrama gubernamental aún no se ha definido.

Tras dos extensas reuniones esta semana con los miembros del Comité de Transformación Energética, en las que se citó a los actores involucrados en el sector de generación eléctrica, González adelantó que las enmiendas a la Ley de Política Pública Energética (Ley 17 de 2019), con toda probabilidad, buscarán eliminar el objetivo intermedio de alcanzar un 40% de producción mediante fuentes limpias para 2025.

“Ya estamos en un incumplimiento. ¿Qué provoca eso? Que, al la ley requerir que haya un 40%, todas las solicitudes para aumentar generación en Puerto Rico van a pasar al Negociado (de Energía, NEPR) y el Negociado tiene que empujar que sea renovable. No va a estar buscando necesariamente generación que sea más óptima o esté a menor precio. Es una enmienda que tenemos que revisar. Tiene que haber un cambio en la ley para atender la situación que tenemos ahora. Para la meta final faltan todavía 25 años y, de aquí a allá, pudiéramos cumplir con la meta de (100%) energía renovable para 2050″, sostuvo González al concluir el encuentro del viernes, que se extendió por cerca de dos horas y media.

A la reunión compareció, en primer lugar, el presidente del NEPR, Edison Avilés, seguido de oficiales de Genera PR, administradora de la flota pública de generación, y, finalmente el ingeniero Ricardo Ramos, director ejecutivo de la Alianza Pro Desarrollo Energético, gremio que agrupa a los productores privados de energía.

“En este momento, hay una recomendación de eliminar las métricas intermedias, que pudiera ser la de 2025″, abundó González.

Al presente, la Ley 17 de 2019 también incluye una segunda meta intermedia, de 60%, que debe alcanzarse para el 2040. Sin embargo, al presente, apenas el 5% de la energía que transmite la red central proviene de fuentes limpias, ante el incumplimiento con los objetivos de incorporar proyectos de generación renovable a gran escala en los pasados años.

El pasado lunes, en otra reunión que tomó más de tres horas, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón –a su vez, uno de los integrantes del Comité de Transformación Energética–, ofreció una presentación del estado de los activos de generación, al igual que representantes de las cogeneradoras AES y EcoEléctrica.

González describió como otra preocupación el reto de reemplazar los 500 megavatios (MW) que produce AES, una vez la central deje de operar a finales de 2027, cuando vence su contrato y entra en vigor una prohibición estatutaria a la quema de carbón para generar energía. Una de las encomiendas del comité, dijo la mandataria electa, es presentar alternativas para sustituir esa generación con otras fuentes, aunque, de momento, no se prevé que existan opciones de menor costo para el gobierno.

Previamente, González ha indicado que espera “examinar” el contrato recién otorgado al consorcio Energiza para construir una nueva planta de 478 MW en la zona metropolitana, que debería entrar en operación para junio de 2028.

La comisionada residente saliente, en tanto, descartó designar al zar de energía por medio de orden ejecutiva una vez asuma la gobernación, señalando que el “compromiso programático” de su campaña fue crear esa figura mediante legislación.

El zar, según ha adelantado la gobernadora entrante, tendrá un rol de fiscalización de los distintos actores que intervienen en el sistema eléctrico –como los operadores privados y agencias reguladoras–, así como de “amarrar” las diversas estrategias paralelas dirigidas a reconstruir y modernizar la red.

Los contratos de LUMA Energy y Genera PR disponen que su cumplimiento contractual es supervisado por la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), por lo que González dejó la puerta abierta a que la oficina del zar ubique bajo esa dependencia. Previamente, había indicado que mantenía bajo consideración la posibilidad de que el zar fuera, simultáneamente, el director ejecutivo de la AAPP.

“Es parte del marco de recomendaciones que este comité va a hacer, porque hay distintas visiones, y creo que, al final del camino, lo que queremos es crear un ente que, más que un título, resuelva”, subrayó González, quien sí aseguró que planifica decretar un estado de emergencia por la crisis energética, al tiempo que solicitará al gobierno federal que haga lo propio.

“Puede ser a través de la AAPP, puede ser de manera individual, de La Fortaleza, pueden ser tantas cosas. Vamos a tomar como base lo que plantea la plataforma, con deberes específicos, pero, evidentemente, va a tener funciones adicionales, según lo que se ha estado discutiendo aquí”, manifestó la gobernadora electa, quien indicó que, una vez recibidas las recomendaciones en torno al componente de generación, el Comité de Transformación Energética se concentrará en la evaluación del sistema de transmisión y distribución, en manos de LUMA.