Orocovis - Sin proveer documentos que lo corroboren, la secretaria de Educación, Yanira Raíces Vega, afirmó este miércoles que se abstuvo del trámite que la agencia siguió para archivar un memorando que recomendaba sancionar al exsubsecretario asociado Héctor Joaquín Sánchez Álvarez por supuesta conducta antiética.

Igualmente, el Departamento de Educación (DE), aunque ofreció detalles del proceso que –de ordinario– lleva a cabo para otorgar certificaciones, no proveyó la información y los documentos solicitados por El Nuevo Día que evidencien que el secretario auxiliar de Recursos Humanos de la agencia, Jimmy Cabán Rodríguez, cumplió con los requisitos académicos y de experiencia que el Reglamento de Certificación del Personal Docente exige.

Tanto Cabán Rodríguez como Raíces Vega, al igual que Juan Orlando Rodríguez Rivera, secretario auxiliar de Asuntos Legales, y Gisela Rodríguez Algarín, directora de la Oficina de Asuntos Legales del DE, enfrentan denuncias ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) y la Oficina del Inspector General (OIG) por supuesta conducta antiética, reportó El Nuevo Día.

“En el Departamento, existe un procedimiento estandarizado y reglamentado para obtener certificaciones. Parte de ese procedimiento requiere que el empleado complete cursos académicos o de educación continua conforme a la especificación”, dijo el DE por escrito. Agregó que la Oficina de Certificaciones es la encargada de evaluar las solicitudes de certificación y lo hace de manera “objetiva, donde se mide el cumplimiento o no de los requisitos”.

El DE, sin embargo, no entregó evidencia de que Cabán Rodríguez cumplió con los nueve créditos en administración y supervisión escolar que le faltaban cuando fue evaluado, el 19 de agosto de 2022, y se le negaron las certificaciones para director y superintendente de escuelas. Desde el 5 de junio, Cabán Rodríguez tiene ambas certificaciones, según documentos del DE.

La queja les imputa a los empleados del DE violaciones a la Ley de Ética Gubernamental. Las imputaciones, a su vez, están ancladas en una querella que la OEG presentó, en enero, contra Sánchez Álvarez por, supuestamente, también violentar la ley, mientras era subsecretario asociado, al impartir instrucciones de escoger a afiliados del Partido Nuevo Progresista como los maestros y directores más destacados de 2022. Sánchez Álvarez ha negado las alegaciones, mientras el proceso ha seguido su curso.

A Raíces Vega, la denuncia también le atribuye violentar la Ley Orgánica del DE, así como reglamentos y cartas circulares, al dejar en manos de funcionarios “de cuarto orden” la decisión de archivar el memorando que recomendaba las sanciones contra Sánchez Álvarez. Según el planteamiento ante la OEG y la OIG, la secretaria debió someter una carta formal de inhibición, en la que también informara en quién delegaba sus funciones, y no lo hizo. Esos documentos, pese a que se le solicitaron, no fueron provistos.

En cambio, el DE envió declaraciones, en las que Raíces Vega adujo que se inhibió. “La secretaria Raíces Vega y los funcionarios del Departamento han colaborado en los procesos que se le ha requerido y, particularmente, en el caso del señor Héctor Joaquín, la secretaria se abstuvo de participar en los procesos investigativos (interno) por haber emitido una declaración en esa investigación”, indicó la agencia.

Desde Orocovis, el gobernador Pedro Pierluisi despachó el asunto diciendo que son “denuncias y hay que esperar a ver cuál es el desenlace”.

“Yo confío en que la Oficina de Ética Gubernamental atiende estos asuntos con toda la seriedad y responsabilidad que corresponde, pero no debemos llegar a conclusiones, porque ni tan siquiera se han presentado querellas sobre esos asuntos que fueron objeto del reportaje. Si se presentan querellas, pues, entonces, también veremos en qué terminan”, dijo.

La OEG y la OIG, tras recibir denuncias –que llama planteamientos–, las evalúa para determinar si hubo violaciones a la Ley de Ética Gubernamental u otras. De encontrarse alguna violación, las oficinas proceden a presentar una querella o, de lo contrario, se archivan. La OIG puede imponer sanciones administrativas por violaciones a normas, leyes o reglamentación establecidas. También, puede solicitar la restitución de fondos públicos.

Las expresiones de Pierluisi se produjeron tras inaugurar el Albergue Alespi, del Centro María Mazzarello, en Orocovis, con $2 millones provenientes del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres (CDBG-DR, en inglés). El lugar brinda vivienda a 24 menores de séptimo grado en adelante y provee, además de servicios educativos, tutorías, actividades recreativas y deportivas. Es dirigido por las Hermanas Salesianas desde 1987.

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REFERENCIAS:

Ley de Ética Gubernamental

Ley Orgánica del Departamento de Educación