Pese a que la propuesta presupuestaria para el próximo año fiscal de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para el Programa de Salud Correccional está $24 millones por debajo de la necesidad planteada por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), el secretario de la agencia, Francisco Quiñones Rivera, aseguró este martes que “no va a haber problema” con la prestación de servicios a la población penal.

“Nosotros vamos a tomar las medidas que sean necesarias para identificar los fondos”, dijo el funcionario, ante los miembros de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, durante la evaluación del presupuesto del gobierno para el año fiscal 2025-2026.

El DCR solicitó una partida de $79.6 millones para Salud Correccional. La JSF, sin embargo, propone una asignación de $55 millones, o sea, $24 millones menos.

Lynette Pérez O’Neill, subsecretaria del DCR, explicó que la partida de $79.6 millones incluye $21 millones para el tratamiento de los pacientes de hepatitis C en la población penal. “Se va a hacer una petición adicional a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y a la JSF, para que, entonces, ellos puedan revaluar la petición que nosotros estamos haciendo”, explicó.

La agencia cuenta con 1,273 pacientes de hepatitis C. El tratamiento anual por participante tiene un costo promedio de $16,544.

La hepatitis C se considera un problema de salud pública global debido a su alta prevalencia, transmisión silenciosa y las graves complicaciones que genera en los sistemas de salud. La prevalencia de hepatitis C en las cárceles es hasta 10 veces mayor que en la población general debido al uso de sustancias controladas, estableció el DCR en su memorial explicativo.

Quiñones Rivera indicó que, como mecanismo para evitar nuevos contagios, el próximo 19 de mayo le realizarán la prueba de hepatitis C a toda la población penal. Este examen no es parte de las pruebas de cernimiento a la que se someten los confinados al momento de ingresar a una institución.

Para el próximo año fiscal, el DCR está solicitando un presupuesto de $515 millones, de los cuales $264 millones corresponden al pago de nómina y gastos operaciones. Mientras, $56 millones están destinados al pago de las pensiones (PayGo).

El presupuesto vigente de la agencia, que vence el próximo 1 de julio, es de $418 millones.

A preguntas de los legisladores, Quiñones Rivera indicó que el alza responde a que el próximo año fiscal no se recibirán los fondos federales bajo el Plan de Rescate Americano que se han utilizado para sufragar, por los pasados tres años, el aumento mensual de $500 concedido a los oficiales de custodia.

El salario básico de un oficial correccional es de $2,350.

Además, se están solicitando fondos para el reclutamiento de 500 oficiales correccionales y 120 oficiales de Servicios Juveniles. La agencia cuenta con una plantilla de 5,775 empleados, 3,853 de los cuales laboran en el área de Seguridad.

“Las dos partidas más importantes para esta administración son salud y rehabilitación, sin dejar a un lado las condiciones de trabajo de nuestros compañeros”, expuso el titular.