El designado secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez, tendrá que rendir cuentas este martes al Senado por una orden administrativa que archiva los casos relacionados con construcciones ilegales en La Parguera, en Lajas.

Quiles Pérez fue citado a las 10:00 a.m. a una sesión especial de interpelación en el salón Leopoldo Figueroa, donde los senadores tendrán la oportunidad de hacerle múltiples preguntas sobre la orden que firmó el 9 de enero, a solo horas de ser nombrado al cargo por la gobernadora Jenniffer González.

“Esta orden ha generado una serie de interrogantes que ameritan ser aclaradas mediante la comparecencia del secretario designado ante este cuerpo legislativo, debido a su impacto potencial sobre la integridad de los recursos naturales y la percepción pública respecto al manejo de estos asuntos”, dijo el jueves el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

La Orden Administrativa 2025-001 establece el cobro de derechos por el uso de terrenos y aguas de dominio público en ese litoral costero. Además, autoriza el mantenimiento y la reparación de propiedades privadas ubicadas dentro de la zona marítimo-terrestre.

“La orden administrativa para establecer el cobro de derechos para el uso de terrenos y aguas de dominio público en La Parguera en el municipio de Lajas fue redactada y preparada por la administración anterior y eso quedó constatado durante el proceso de transición”, dijo Quiles Pérez, en declaraciones escritas, el 10 de enero.

Añadió que la orden hace un reconocimiento a las condiciones históricas, culturales y turísticas del sector la Parguera, que es un “modelo a seguir en otras áreas de Puerto Rico con condiciones similares”.

“Se hizo una interpretación jurídica de la reglamentación del presente de lo que todos saben ha sido la planificación del pasado, esto dentro del contexto histórico de la isla”, destacó el funcionario, cuyo nombramiento debe pasar el cedazo del Senado.

Planteó que la orden reconoce unos derechos adquiridos de todos los que tienen una residencia en la Parguera, pero a su vez establece unas claras responsabilidades que los dueños tienen que cumplir.

“De esta manera terminamos con el limbo jurídico que ha perdurado por décadas, el cual ha sido detrimental tanto para los propietarios de las residencias en la Parguera, como para el gobierno de Puerto Rico”, sostuvo el titular.

Mientras, la gobernadora defendió, el 12 de enero, la orden administrativa y anticipó que se propone elevar a rango de ley lo establecido en el documento avalado por el secretario designado del DRNA.

Además, González no descartó que puedan tomarse medidas similares respecto a otras áreas en las que haya situaciones parecidas y negó que algún miembro de su comité de transición haya sido el autor del documento.

“¿Cuál era la opción? ¿Tumbar todas las casas que hay en La Parguera cuando llevan 50, 60 años? No. Felicito y agradezco al secretario de Recursos Naturales que haya hecho lo que tenía que hacer en términos de terminar con un limbo que existe para todos estos residentes”, señaló la gobernadora.