La Unión de Libertades Civiles (ACLU) se expresó en contra de un proyecto de ley por entender que podría resultar en el uso de policías municipales para ejecutar órdenes federales relacionadas a asuntos migratorios.

En un comunicado de prensa, la entidad señaló que el Proyecto de la Cámara 139 contiene un lenguaje que considera “un paso directo para convertir a las fuerzas locales en instrumentos de ejecución de la ley migratoria” del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“El P. de la C. 139 burla los compromisos de alcaldes, legisladores y del Ejecutivo de proteger a nuestra población migrante,” afirmó la licenciada Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU‑PR, en declaraciones escritas.

El proyecto no alude directamente a políticas migratorias, sino que se refiere a “establecer acuerdos de colaboración con el Negociado de la Policía de Puerto Rico [, y/o] o con las agencias de seguridad pública del gobierno federal (task force)” para “efectuar aquellas tareas que dichas entidades entiendan necesario delegarles, siempre y cuando ello no interrumpa las funciones propias del municipio”.

También propone enmiendas para que los agentes municipales estén “facultados para ejercer los deberes que, en virtud de este Código se les han autorizado y encomendado, aunque sea fuera de los límites territoriales del municipio correspondiente” y y otorgándoles los privilegios de la Policía estatal.

Para la ACLU, el lenguaje amplio de la pieza legislativa representa una vía para el uso de oficiales municipales para la aplicación de la ley migratoria del gobierno de Estados Unidos.

“Delegar funciones migratorias a la policía municipal local fractura la confianza comunitaria, disminuye la denuncia de delitos y expone a los oficiales municipales a demandas por violaciones a derechos civiles para las que el Gobierno federal no responderá”, sostuvo Martínez Orabona.

El proyecto de ley fue radicado por los representantes Ángel Morey Noble y Swanny Vargas Laureano el pasado 8 de enero y tuvo su primera lectura el 16 de enero, cuando fue referido a la Comisión de Asuntos Municipales. El pasado 10 de abril, fue referido a la Comisión de Calendarios de la Cámara.

La ACLU denunció que no fue invitada a las vistas públicas, que se llevaron a cabo el pasado 5 de marzo. En el comunicado, la organización solicitó el retiro de la medida, que se convoquen a nuevas vistas públicas con participación de organizaciones comunitarias, expertos en derechos civiles y la propia población migrante, y el “desarrollo de un protocolo insular de no colaboración con ICE que refuerce la seguridad pública al asegurar que todos los residentes puedan acudir a la policía sin temor a deportación”.