El presidente de la cogeneradora AES Puerto Rico, Jesús Bolinaga, afirmó este lunes que la empresa está dispuesta a “considerar” un acuerdo para mantenerse operando en la isla luego del 2027, pero no precisó cuál sería la inversión necesaria para extender la vida útil de la planta de Guayama, según propone la administración de la gobernadora Jenniffer González.

El ejecutivo indicó, ante la Comisión de Energía de la Cámara de Representantes, que el gobierno “todavía está en tiempo” para ejecutar las medidas que garanticen la operación de AES Puerto Rico.

“Es una facilidad que produce hasta el 20% de energía y, si Puerto Rico la requiere, tiene que moverse rápido”, afirmó Bolinaga durante una vista pública para discutir los proyectos de la Cámara (PC) 267 y 268, presentados por la administración de González como parte de su política energética.

“Estamos transitando el camino del decomiso de esa planta. Si quieren que se continúe más allá del 2027, hay que hacer arreglos hoy”, agregó.

Aunque para determinar la viabilidad de la propuesta hay que realizar un estudio -que podría costar hasta $2 millones-, Bolinaga anticipó que podría requerir la posible sustitución de equipo crítico y el dragado de la bahía Las Mareas, donde mantienen su puerto de embarque en Guayama.

Actualmente, insistió, la empresa se encuentra “concentrada” en ejecutar el plan de retiro de la planta. “La única acción relacionada con este planta que nosotros estamos ejecutando hoy es el decomisionamiento de la planta en el 2027. No estamos tomando ninguna otra acción relacionada con esa planta”, subrayó.

La gobernadora propuso, mediante legislación, que la veda a la quema de carbón no se materialice antes del 1 de enero de 2030, aplazando por dos años el término dispuesto en la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico (Ley 17-2019), que ordena erradicar el uso de esta fuente de energía a partir de 2028. Sin embargo, el zar de la Energía, Josué Colón, entiende que dicha extensión debe ser hasta el 2035.

Bolinaga no favoreció ninguna de las opciones y dejó dicha determinación en manos de los legisladores. “Estaremos atentos y abiertos a evaluar cualquier cambio en la legislación que ustedes tengan a bien proponer si esto contribuye a garantizar la seguridad eléctrica de la isla”, enfatizó Bolinaga.

La ausencia de AES, sin la disponibilidad de otras fuentes de energía, según Colón, incrementaría la posibilidad de interrupciones en el servicio. AES genera unos 500 megavatios.

El ejecutivo de AES sostuvo que, por encontrarse en proceso de cierre para el 2027, el estudio de viabilidad no podría ser costeado con fondos propios. “Ante la incertidumbre, lamentablemente, no podría ejecutar un gasto como ese... Estoy atado de manos porque, por ley, la planta cierra en el 2027″, enfatizó.

Bolinaga agregó, además, que la planta de Guayama no podría transicionar a gas natural para producir energía, a pesar de que, dijo, fue un panorama que planteó el gobierno. Argumentó que esa propuesta no es costo-efectiva porque habría que detener su operación, y el funcionamiento de la instalación resultaría ineficiente.

A pesar de que fue una pregunta que se repitió una y otra vez durante la vista pública, el presidente de la AES no precisó cuál sería el costo de mantener la planta de Guayama operando, pero insistió en que la empresa, a nivel local, no cuenta con los recursos para financiar cualquier trabajo necesario.

“Esa planta no cuenta con los recursos para hacer la inversión para extender la planta, ya que ese PPOA (contrato para compra de energía y acuerdos de operación) fue diseñado para cerrar en 2028″, señaló Bolinaga.

A preguntas de si la compañía necesitaría el apoyo económico del gobierno, Bolinaga dijo que eso estaría por definirse. “Eso es algo que, una vez se modifique la ley, tendríamos que sentarnos con la Autoridad de Energía Eléctrica y evaluar qué es lo que realmente quiere”, expuso a preguntas del portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Santiago.

“Nadie va a hacer unas inversiones si no hay un contrato de operación”, señaló Bolinaga, al indicar que, tras la aprobación de la Ley 17-2019, realizaron múltiples esfuerzos con el Ejecutivo para promover la diversificación de la planta de Guayama pero no resultaron.

El Comité Diálogo Ambiental, en representación de las comunidades aledañas a la cogeneradora, expresó su oposición a la medida porque entienden que perpetúa la quema de carbón en Puerto Rico.

“El costo de que la planta carbonera de AES permanezca más allá del 2027 es, sencillamente, un costo demasiado alto para la salud humana y ambiental de las y los puertorriqueños”, indicó el grupo en su ponencia, en la que también resaltan que existen alternativas, como la energía renovable distribuida, que pueden atender la demanda eléctrica de la isla sin la necesidad de prolongar la quema de carbón.