Tres agencias encargadas de asuntos fiscales, presupuesto y retiro coincidieron este viernes en que, tal como está redactado, no pueden respaldar el Proyecto del Senado (PS) 127, que crearía la “Ley Especial de Retiro Incentivado y Garantías de Pensión Justa a Empleados Esenciales”, por su impacto económico.

En una ponencia conjunta, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Junta de Retiro destacaron que los propósitos de la medida “son cónsonos con el Plan de Gobierno”.

Sin embargo, entienden que hace falta un análisis exhaustivo de sus implicaciones presupuestarias, que son “incompatibles” con el Plan Fiscal y el Plan de Ajuste de la Deuda.

“Una de las implicaciones fiscales de la medida podría ser un aumento en el gasto público. En ese sentido, el impacto presupuestario del proyecto deberá ser determinado mediante un estimado de costo beneficio, que justifique el impacto positivo de la medida”, establece el documento que leyó la licenciada Angélica Ruiz Sánchez, subdirectora ejecutiva interina y directora de Asuntos Legales de la Junta de Retiro.

Las tres agencias –en una vista pública de las comisiones de Gobierno y de Hacienda del Senado– subrayaron que el proyecto debe contar, conforme a la Ley 1-2023, con un informe de impacto fiscal de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL). No obstante, aseguraron que “la aprobación del PS 127 tendría un impacto presupuestario incremental, el cual no ha sido evaluado adecuadamente”.

La medida pretende extender los beneficios de la anulada Ley 80-2020 a empleados esenciales. Es decir, que se puedan acoger a un retiro incentivado que proveería una pensión 50% del salario de la retribución equivalente al salario bruto anual más alto de los últimos tres años y la aportación mensual al pago del plan médico.

Esta ley fue anulada por el Tribunal Federal y, por un acuerdo judicial, solo se pudieron beneficiar 1,129 trabajadores, de 18,163 elegibles, según datos de la Junta de Retiro.

A preguntas de la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, Ruiz Sánchez indicó que, de aprobarse el PS 127, se podrían beneficiar unos 2,200 empleados esenciales de las agencias estatales y, si se suman los trabajadores municipales, la cifra rondaría los 3,700.

Los senadores de la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) reaccionaron indignados ante la postura de la Aafaf, OGP y la Junta de Retiro. Incluso, señalaron que no esperaban sumar la oposición del Ejecutivo, a la ya esperada oposición de la Junta de Supervisión Fiscal, para garantizar un retiro digno a los empleados públicos.

“Los que estamos aquí estamos dispuestos a luchar contra la Junta. Lo que pasa es que, para lograr eso, necesitamos que ustedes también estén dispuestos a trabajar contra la Junta, porque esos empleados públicos no quieren excusas, quieren acción. Eso es lo que nosotros vamos a lograr”, expresó el portavoz del PNP, Gregorio Matías, quien es autor de la pieza.

En tanto, la senadora Nitza Morán sostuvo que la ponencia “explica muy bien lo que la Junta de Control Fiscal hace en Puerto Rico”, pero que no ofreció “alternativas”.

En varias ocasiones, el licenciado Luis Roberto Rivera Cruz, director de Asuntos Intergubernamentales y Asesor Ejecutivo Senior de la Aafaf, destacó que la ponencia apuntaba a que se trabajara la evaluación de la medida, “de manera responsable”, para lo que requieren un informe de la OPAL.

“(Queremos) trabajar con ustedes, en esta comisión (conjunta), para buscar todas las alternativas para no tener los mismos tropiezos y que tenga que llegar a un tribunal para, al final del día, lograr unos beneficios para un grupo pequeño de empleados. En esta ocasión, lo queremos hacer bien. Nuestra postura aquí es presentar el panorama, cuál es el marco jurídico y financiero, que fue impuesto por (le ley) Promesa, no fue impuesto por nosotros”, dijo Rivera Cruz.

Ante los señalamientos, el presidente de la comisión senatorial de Gobierno, Angel Toledo, dio un término de cinco días para que sometan las enmiendas que entiendan que requiera la medida. También, dio 10 días para que las agencias presenten un análisis “cuantitativo fiscal”.

En la vista pública, no estuvieron presentes ninguno de los senadores del Partido Popular Democrático; el senador independiente y coautor de la medida, Eliezer Molina; y la senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve.