El liderato de la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género fue convocado a una reunión este lunes, en La Fortaleza, ante las preocupaciones que han expresado las organizaciones sobre el Proyecto de la Cámara 415, una medida de la gobernadora Jenniffer González que permitiría la construcción y operación de refugios para sobrevivientes de violencia machista a través del modelo de alianzas público privadas (APP).

Coraly León, presidenta de la Red Nacional de Albergues, indicó que la convocatoria a la reunión les fue notificada este domingo y fue pautada para mañana a las 3:00 p.m. La convocatoria implicó, a su vez, la cancelación de una vista pública en la Cámara de Representantes, también convocada para este lunes, para discutir la legislación, y a la que no habían sido citadas.

“Los albergues siempre han colaborado y trabajado de la mano del gobierno, pero en estas circunstancias específicas, es importante que se escuche a los albergues. Es valioso que se quieran atender situaciones y preocupaciones genuinas, pero vamos a ser puntuales y atender los problemas reales”, expuso León, en entrevista con El Nuevo Día.

Los albergues, añadió, no fueron parte de la conversación antes de la radicación del proyecto de ley. Sí habían logrado tener una reunión “muy buena” con el representante Víctor Parés, presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara, quien les había asegurado que las vistas serían en mayo.

La Red Nacional de Albergues, dijo León, tiene varias preocupaciones respecto a la medida -presentada por la gobernadora el 18 de marzo-, entre ellas, el que se justifique la iniciativa alegando que los albergues no tienen la capacidad administrativa para realizar el trabajo que han venido haciendo por más de cuatro décadas de forma ininterrumpida.

La Casa Protegida Julia de Burgos y Hogar Ruth, los primeros en comenzar a operar en la isla, llevan salvando vidas 45 y 40 años, respectivamente, y se han mantenido funcionando en tiempos de crisis, como fue el paso del huracán María (2017) y la pandemia por COVID-19 (2020), expuso León.

El grupo, asimismo, entiende que el modelo de alianzas público privadas es incompatible con los servicios que se ofrecen en los albergues, que son manejados por entidades sin fines de lucro. “Quienes entran en la APP tienen la expectativa de que van a hacer una inversión y que va a haber un retorno de esa inversión. El retorno de la inversión de los albergues son las vidas ganadas”, expuso León.

Otro elemento que traen a la discusión las organizaciones es que la medida no aborda cuál será la estructura operacional de estos albergues y si su operación dependerá de la asignación de fondos estatales. Este último aspecto, a su vez, podría provocar una reducción en el dinero que reciben, actualmente, estas instituciones a través del Estado.

Algunas de las entidades que operan albergues en la isla anualmente compiten por donativos legislativos o reciben asignaciones a través de agencias receptoras de fondos federales, como es el caso de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) y el Departamento de Justicia. “Se crearían dos categorías de albergues, y se puede dar paso para la discriminación y favorecer uno sobre otro”, sostuvo.

León explicó que la propuesta de las organizaciones al Ejecutivo va dirigida a enmendar la legislación y redirigirla a la construcción de vivienda asequible para las víctimas de violencia de género. Actualmente, uno de los mayores escollos que sufren las sobrevivientes en su ruta a la independencia es la ausencia de inventario de viviendas.

“Reconocemos la intención de la gobernadora para atender la violencia doméstica, y lo que estamos pidiendo es que, para que este proyecto haga sentido y venga a resolver un proyecto real, hay que enmendarlo”, subrayó.