Ingresos menguados, gastos millonarios e imposiciones estatales que desangran el presupuesto operacional conforman el panorama crítico que alcaldes de las regiones sur y central del país presentaron este miércoles al participar de la Comisión Total convocada por el Senado, en Villalba.

“Los municipios no somos criaturas del Estado, sino que somos criaturas indefensas, impotentes y estamos siendo estrangulados, sufriendo lentamente muerte por asfixia fiscal. No podemos defendernos del gobierno central, de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y, mucho menos, del gobierno federal”, dijo el alcalde de Comerío, Irvin Rivera.

Para 2018, dijo, Comerío tenía un presupuesto de $10.5 millones que, para este año fiscal, bajó a $5.3 millones, una cifra que se reduce aún más con las aportaciones que se les exigen a los municipios para el pago de las pensiones y la operación del plan de salud del gobierno.

“Nuestro presupuesto real operacional apenas alcanza los $3 millones”, indicó Rivera, al resaltar que la carretera PR-167, la principal vía de acceso a la zona, lleva más de siete años parcialmente cerrada debido a un derrumbe “que no acaba de atenderse”.

Añadió que la zona industrial de Comerío cuenta con 78,000 pies cuadrados de fábricas, de los cuales cerca del 60% se utilizan, en cambio, por el Departamento de Educación como un almacén de equipo para decomisar “sin producir empleos, arbitrios, patentes ni beneficios” para la región.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien lideró los trabajos, anticipó que hará un recorrido por la PR-167, junto a personal de su oficina. “Voy a ir por allá a ver de qué manera podemos agilizar eso y atender las otras cosas que usted nos trajo”, expuso durante la audiencia pública, que se extendió por más de tres horas.

El alcalde de Orocovis, Jesús Colón Berlingeri, también trajo ante la atención de los senadores problemas viales en su pueblo, como las mejoras de la PR-155, la principal vía de acceso.

Igualmente, pidió asistencia para encaminar las mejoras al área recreativa del Bosque Toro Negro. Sostuvo que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales recibió dinero para los trabajos, pero no han iniciado.

Mientras, el alcalde de Santa Isabel, Meldwin Rivera Rodríguez, destacó el alto costo que representa para su ayuntamiento el manejo y disposición de los desperdicios sólidos, que asciende a los $1.4 millones. Reclamó, a su vez, la revisión de los decretos contributivos ante el impacto que tienen en los recaudos de los municipios, y que se atienda con “urgencia” el problema de salud y seguridad que implican los animales realengos.

“En mi caso, semanalmente, ocurren accidentes con equinos en la PR-52, en ambas direcciones... poniendo en riesgo, vida y propiedad”, expuso Rivera Rodríguez.

Su homólogo de Guayama, O’brain Vázquez Molina, se unió al reclamo de Rivera Rodríguez, al describir como “horrible” el problema de animales realengos en su pueblo. “Es horrible la situación ante las mordidas de perros a las personas… pérdidas y los gastos en los que estamos incurriendo”, expresó.

Otro de los que dijo presente fue el alcalde de Cidra, Delvis Pagán, quien, al igual que Rivera, cuestionó las aportaciones impuestas a los municipios para el mantenimiento del plan de salud del gobierno. Explicó que, en su caso, de los $15.1 millones en presupuesto, $10 millones se destinan al pago de nómina y beneficios marginales.

“Esta situación ha agravado nuestras finanzas y limita nuestra capacidad de inversión en áreas cruciales”, señaló, al agregar el impacto por la eliminación del Fondo de Equiparación.

El Fondo de Equiparación comenzó a desaparecer paulatinamente desde 2017, cuando el entonces gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, presentó un plan fiscal que incluía su eliminación y fue avalado por la JSF. El fondo, que se nutría de una partida a base de una fórmula del Departamento de Hacienda y otra directamente de la Lotería de Puerto Rico, llegó a tener más de $350 millones.

De la Comisión Total, participaron los titulares de los departamentos de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Educación y Transportación y Obras Públicas (DTOP), quienes hicieron un resumen de los proyectos que están desarrollando en el distrito senatorial de Guayama.

El secretario del DDEC, Sebastián Negrón, indicó que, en lo que va del año fiscal 2025, han aprobado nueve proyectos que generarán 1,326 empleos en la zona y una inversión de $538 millones. Asimismo, anticipó que una “importante farmacéutica global” anunciará próximamente que transferirá parte de su producción a la isla.

Ramón Hernández, alcalde de Juana Díaz, le pidió al presidente del Senado la creación de una comisión investigativa que realice una auditoría sobre los decretos contributivos aprobados por el DDEC, especialmente aquellos concedidos a pesar de la oposición de los municipios.

Mientras, el secretario del DTOP, Edwin González, destacó que la agencia atiende 17 deslizamientos, con una inversión de $8.6 millones. “En los primeros 100 días, debemos llegar a unos 50 (deslizamientos) a través de todo Puerto Rico”, expresó.

“La mayoría de los municipios, en este caso del distrito de Guayama... enfrentan retos fiscales significativos, que desde mi perspectiva se traducen en una insostenibilidad del modelo administrativo municipal actual”, dijo, en tanto, la senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve.