Los senadores Joanne Rodríguez Veve y Thomas Rivera Schatz presentaron este jueves una medida que busca prohibir los tratamientos hormonales y cirugías de afirmación de género en personas menores de 21 años, alegando supuestos “riesgos físicos, emocionales y psicológicos asociados a dichos procedimientos”.

El Proyecto del Senado (PS) 350 prohibiría, igualmente, el financiamiento de los tratamientos hormonales con fondos públicos, que tampoco podrían utilizarse para “promover, asistir o avalar” las cirugías de afirmación.

“La intervención prematura puede generar efectos adversos que afectan el bienestar físico, psicológico y emocional del menor, dado que su identidad puede evolucionar naturalmente con el tiempo a medida que madura”, lee parte de la exposición de motivos de la pieza que presentaron Rivera Schatz, presidente del Senado y del Partido Nuevo Progresista, y Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad.

Las intervenciones prohibidas incluyen los tratamientos hormonales –que se emplean en algunas transiciones de género–, como bloqueadores, progesterona, estrógeno o testosterona. Asimismo, se suprimirían las cirugías que “modifiquen o eliminen órganos sexuales con el objetivo de alterar su función biológica natural, así como intervenciones destinadas a alinear la apariencia física de un menor con una identidad distinta a su sexo biológico”.

Las personas que violenten las disposiciones del proyecto, de convertirse en ley, serían sancionadas con un término fijo de 15 años de reclusión.

En caso de ser un profesional de la salud, se revocaría su licencia para ejercer su práctica en Puerto Rico. Mientras, toda persona jurídica que incumpla con el propuesto estatuto tendría que pagar $50,000 por infracción y se le revocarían “todas las licencias y permisos de operación, impidiéndosele permanentemente llevar a cabo negocios en Puerto Rico”.

De inmediato, la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico rechazó la medida, al calificarla como “un ataque directo” que pone en jaque el bienestar físico y mental de la niñez y juventud trans. Asimismo, la organización alertó que el proyecto atenta contra la relación médico-paciente y la práctica de los profesionales de salud en Puerto Rico.

“Hacemos un llamado a la Legislatura a rechazar esta medida discriminatoria y garantizar que todas las personas, independientemente de su edad o su identidad de género, tengan acceso a atención médica basada en evidencia y libre de prejuicios”, expresó Ivana Fred Millán, directora de la Federación, en declaraciones escritas.

Mientras, el presidente de la Federación, Pedro Julio Serrano, aseguró que la legislación “ignora” la evidencia científica y las recomendaciones de entidades internacionales, como la Asociación Americana de Pediatría, la Asociación Americana de Psiquiatría y la Organización Mundial de la Salud.

“Estas entidades han establecido que los tratamientos de afirmación de género, cuando son administrados bajo la debida supervisión médica y psicológica, pueden ser esenciales para el bienestar y la salud mental de las personas trans”, aseguró Serrano.

El PS 350 también ordena a los departamentos de Educación y de Salud la creación de “programas de educación y sensibilización”, que orienten a la comunidad, incluyendo padres y profesionales de la salud, sobre los alegados riesgos de las intervenciones para el cambio de sexo y género.

“Esta legislación no solo margina aún más a la niñez y juventud trans, sino que también les niega el acceso a servicios médicos esenciales que podrían salvar sus vidas. Estudios han demostrado que la falta de acceso a afirmación de género aumenta significativamente el riesgo de depresión, ansiedad y suicidio entre jóvenes trans”, expuso, por su parte, Güarix Agosto, tesorera alterna de la Federación.

El pasado 28 de enero, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva prohibiendo la asistencia federal a los tratamientos de cambio de sexo en menores de 19 años. El decreto también suspende las asignaciones “a la mutilación química y quirúrgica”, poniendo en riesgo las subvenciones para investigaciones o educación. El 13 de febrero, un juez federal del distrito de Maryland bloqueó la orden de forma temporal.