La Cámara de Representantes aprobó este martes el proyecto de administración que le permitiría al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) imponer multas de hasta $125,000 diarios por violación a las compañías eléctricas que actúen en contra de sus órdenes o reglamentos.

En aquellas instancias donde la entidad persista o sea reincidente, el NEPR podría establecer multas adicionales de hasta $250,000 diarios por violación, explicó el representante Víctor Parés durante la presentación de la medida.

“Con esta acción y esta medida, el Negociado va a tener las herramientas necesarias, por medio de multas, para que cualquier compañía eléctrica que opere en Puerto Rico cumpla con las métricas y con el servicio”, señaló el legislador del Partido Nuevo Progresista.

El Proyecto de la Cámara 268 sufrió enmiendas dirigidas a establecer que las multas administrativas impuestas por el NEPR tendrán que ser pagadas con fondos propios de la empresa en controversia, así como para disponer que, “bajo ningún concepto”, el monto pagado será transferido a los consumidores o incluido en la factura de luz.

“Cualquier cuantía que sea cobrada por concepto de las multas administrativas impuestas por el Negociado de Energía será depositada por este en una cuenta directa y separada para acreditar a los clientes del servicio eléctrico”, lee parte del lenguaje aprobado.

El proyecto recibió 48 votos a favor y uno en contra.

El portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Cámara, Denis Márquez, expresó el apoyo de la delegación a la medida, pero sostuvo que elevar las multas no puede ser “óbice” ni tampoco la “razón” para desviar la atención de la “ruta”, que es “acabar con LUMA (Energy) y cancelar el contrato”.

“No importa las multas que le impongan, no importa el incumplimiento de las métricas, no importa ahora la decisión del Tribunal de Puerto Rico que reconoce el poder del Negociado de Energía en el asunto de las métricas... es necesario, es imperativo la cancelación de ese contrato”, señaló Márquez en referencia al acuerdo de LUMA.

Tan reciente como ayer, lunes, la gobernadora Jenniffer González se reafirmó en su cancelar el contrato de LUMA, pero antes, dijo, su prioridad será darle estabilidad al sistema eléctrico ante los constantes apagones.

El único voto en contra que recibió el proyecto fue el de la representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos, por entender que un alza en las multas no va a resolver la crisis energética, y cuestionó, además, el efecto de las sanciones sobre la factura. “Mi conciencia no me permite favorecer esta medida”, dijo.

“Continuamos en la misma situación, con el agravante de que el tiempo sigue pasando y la situación empeora. El costo de la energía ha ido en aumento. ¿Cómo podemos garantizar que no se le transferirán al consumidor cargos disfrazados por las multas impuestas?”, agregó Burgos.

Mientras, el representante Ángel Fourquet, del Partido Popular Democrático, reconoció que la medida da “herramientas” y “garras” para fiscalizar las empresas contratadas para manejar el sistema energético, aunque afirmó que le “hubiese encantado” que el primer proyecto aprobado en temas energéticos hubiese sido “exigiendo la cancelación del contrato de LUMA”.

“Esa fue la promesa que escuchamos en el tema de campaña. En el día de hoy, vamos a decir que es un paso en la dirección correcta... ahora, es un paso pequeño; falta, falta mucho para poder decir que se está cumpliendo con la gente”, puntualizó, al sostener que el pueblo exige energía más económica, más eficiente y menos perjudicial para el ambiente.

“Esto no es lo que se prometió, y el pueblo de Puerto Rico sigue en espera de lo que se prometió, que es cambiar de rumbo con la compañía que no le ha servido a Puerto Rico nada bien, que es LUMA Energy”, subrayó Fourquet.