Pese a las interrogantes surgidas durante la primera audiencia pública en torno a la intención legislativa, el presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, José “Che” Pérez, afirmó que no decidirá sobre posibles cambios a la medida que restringe el aborto a menores de 15 años hasta contar con los comentarios de los departamentos de Salud y Justicia.

El Proyecto del Senado 297 –que le requiere a toda menor de 15 años o menos la autorización del padre, madre o custodio legal para poder terminar un embarazo– regresará a discusión pública la primera semana de abril.

“La posibilidad de enmiendas está ahí, pero quiero esperar a tener la opinión de todo el mundo, especialmente, queremos saber la opinión de Salud”, dijo el legislador el domingo a El Nuevo Día.

La medida, además, requiere que los proveedores de salud realicen “un referido inmediato” al Departamento de la Familia, aun cuando el tutor legal o progenitor haya prestado su consentimiento informado para el aborto. De la misma forma, exige que se documenten los datos de identificación de la persona que autoriza la terminación del embarazo de la menor.

Durante la discusión legislativa en el Senado, la medida recibió varias enmiendas, y aún resta por ver si la Cámara coincide con ellas. La primera dispuso una multa de $25,000 y reclusión fija de tres años a cualquier persona que, mediante el uso de fuerza, coacción, amenaza o violencia física obligue a una menor embarazada a someterse a un aborto.

Las otras dos enmiendas están dirigidas a que todo caso que involucre a una menor sea referido al Departamento de Justicia para que, previo a la entrega del formulario de consentimiento, sea entrevistada por un consejero profesional certificado, a fin de confirmar o descartar que haya sido víctima de agresión sexual por parte de su progenitor, acompañante o tutor legal.

“Fue un proyecto que pasó del Senado, que sabemos que puede tener opiniones encontradas, y quería darle discusión rápido para atenderlo y determinar si lo pasamos a discusión en el ‘floor’ (hemiciclo)”, señaló Pérez sobre el tracto de la medida, aprobada en el Senado a principios de febrero.

Durante la primera audiencia pública, la representante por Proyecto Dignidad, Lisie Burgos, sugirió la necesidad de elevar a 18 años la edad mínima necesaria para requerir el consentimiento de los padres o tutores para la realización de un aborto.

“Yo lo llevaría a los 18, que todavía son menores de edad, para proteger a esas menores, porque todo parecería que el aborto en una menor de 16, 17 y 18, pues, lo puede hacer y aquí no pasó nada”, expuso la legisladora durante la vista pública.

Burgos, igualmente, señaló la necesidad de disponer que, al completar el formulario de consentimiento, los padres o tutores reciban una “descripción” detallada del procedimiento al que se someterá la menor y que la terminación se realice en un hospital y no en una clínica abortiva.

“Al ser pacientes pediátricos, no debe ser el médico abortista el que determine que su vida está en peligro, debería ser un profesional de la salud, un ginecólogo, un obstetra que haya verificado esa menor y que, verdaderamente, certifique por escrito que lo que procede es un aborto para salvar la vida”, expuso.

“No, necesariamente, porque una menor de 14, 15 años está embarazada, quiere decir que su vida está en riesgo”, dijo Burgos, al señalar que su madre tuvo al primero de sus hijos a los 15 años. “Si su vida no está en riesgo, el Código Penal no estaría justificando ese aborto”, argumentó.

La legisladora sostiene que el aborto en Puerto Rico es ilegal tras la determinación del Tribunal Supremo de Estados Unidos que revocó el reconocimiento al derecho constitucional al aborto en 2022, lo que –a su juicio– también dejó sin efecto el caso de Pueblo vs. Duarte Mendoza, que reconoce el aborto en Puerto Rico desde 1980.

Por ser ilegal, según la interpretación de Burgos, el procedimiento debe realizarse únicamente cuando medie una certificación médica de que la vida de la menor está en riesgo. Su posición, no obstante, es contraria a lo interpretado por juristas especialistas en derechos reproductivos y aspectos constitucionales.

“Este proyecto es muy ambivalente. Para mí, dice unas cosas en las que se contradice”, aseveró sobre la medida de su correligionaria en el Senado, Joanne Rodríguez Veve.

Mientras, la Oficina de la Procuradora de la Mujeres (OPM) favoreció la pieza, aunque sugirió enmiendas dirigidas a ajustar el lenguaje que exige el consentimiento de, “al menos”, uno de los progenitores para la realización del procedimiento, ya que “deja abierta la interrogante de qué sucede si una de las partes se opone”.

Asimismo, mostró reparos con el lenguaje que dispone que todo caso que involucre a una menor sea referido a Familia. Dicha directriz, según la OPM, “podría tener el efecto de ‘obstaculizar’” que los padres o custodios presenten su consentimiento para evitar la intervención del Estado en sus asuntos.

De igual forma, la OPM recordó que el Departamento de Salud ya impone requisitos similares a los contemplados en la medida a través del Reglamento 132. Esto, sin embargo, no impide que la Asamblea Legislativa eleve el asunto a rango de ley.

Mientras, el Departamento de Seguridad Pública también favoreció la legislación. No obstante, recalcó la importancia de que la propuesta cuente con el aval de los departamentos de Familia, Justicia y Salud.