La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes aprobó este lunes dar paso a una nueva política para la administración, conservación y digitalización de los documentos públicos, incluyendo aquellos de alto valor histórico.

El Proyecto de la Cámara 17 (PC), que deroga la “Ley de Administración y Conservación de Documentos Públicos” (Ley 5-1955), “reorganiza” las operaciones del Archivo General de Puerto Rico para que refleje las realidades de los tiempos y maneje de forma centralizada los documentos e información de la Rama Ejecutiva, las corporaciones públicas y los municipios.

La medida recibió 33 votos a favor y 16 en contra.

Miembros de la minoría legislativa anticiparon problemas con la legislación en el cuerpo hermano. Y es que la propuesta del presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, dispone –al igual que el estatuto original de 1955– que el Archivo General “dependerá administrativamente” del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), cuya posible eliminación se discute en el Senado.

La medida establece, además, que los gastos del Archivo General, que por las pasadas siete décadas ha servido de depositario oficial de todo documento público, serán sufragados con fondos asignados al ICP. “Todos sabemos qué es lo que está sucediendo con el ICP en el cuerpo hermano del Senado”, indicó el representante popular Ramón Cruz Torres.

Junto con el inicio de la sesión, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, presentó el Proyecto del Senado 273 para transferirle las funciones y bienes materiales del ICP al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), ya que, según el líder legislativo, la estructura de la entidad cultural no responde a las necesidades contemporáneas.

“Allá en el Senado, habiendo una política pública de eliminar el ICP, dificulta que se quiera seguir dándole responsabilidades al ICP”, agregó Torres Cruz.

Tan reciente como el viernes, la gobernadora Jenniffer González designó a Melissa Santana Frasqueri como nueva directora ejecutiva del ICP. Para Torres Cruz, el sentir de la nominada debió constar en la discusión legislativa.

“Ella es la que va a recibir todas las responsabilidades que marcan esta nueva política pública del gobierno en cuanto a la documentación que se genera”, dijo Torres Cruz.

El portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez, dijo, por su parte, que ha recibido una serie de dudas de expertos que no necesariamente se oponen a la medida, pero que están preocupados ante la carencia de fondos con la que opera el Archivo General.

Dijo que, actualmente, los proyectos de digitalización que está realizando el organismo dependen exclusivamente de donativos privados. “No creo que es una buena idea cambiar toda una política pública dependiendo exclusivamente de lo que haya hecho el Senado... debemos ejercer las prerrogativas legislativas de una discusión sosegada”, expuso el portavoz del PIP.

El PC 17 fue aprobado este lunes sin discusión pública y utilizando como partida un memorial explicativo presentado al Senado, en 2023, por el pasado director del ICP, Carlos Ruiz Cortés, durante la discusión de una medida similar. El informe, asimismo, carece de la opinión de la directora del Archivo, Hilda Teresa Ayala González.

En aquel entonces, Ruiz Cortés avaló la medida por considerar que los cambios y avances tecnológicos exigen la modernización y fortalecimiento de las prácticas actuales de manejo de los documentos públicos para salvaguardar una gestión más ágil.

La representante popular Swanny Enit Vargas solicitó sin éxito que la medida fuera devuelta a la Comisión de Gobierno de la Cámara para ampliar la discusión. “El problema, realmente, del Archivo General y el problema del ICP es la falta de fondos y personal, así que la invitación es que, cuando se apruebe el presupuesto, se le asignen los fondos necesarios para poder operar”, expuso.

Entre las nuevas funciones del Archivo General, estaría también coordinar con el Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) el procedimiento para la captura, digitalización y migración del contenido. Al “achivero general”, de otra parte, le otorga la facultad de intervenir mediante la confiscación de documentos públicos en peligro de perderse ante un manejo inadecuado.