De forma unánime, la Cámara de Representantes aprobó este martes la legislación que reglamenta la práctica del cabildeo, un ejercicio que, a través de los años, ha sido cuestionado por diversos sectores ante la ausencia de normativa que permita su fiscalización en las tres ramas de gobierno.

El Proyecto del Cámara 42, de la autoría del presidente de ese cuerpo, Carlos “Johnny” Méndez, incluyó varias disposiciones contempladas en la propuesta presentada a la Asamblea Legislativa por la gobernadora Jenniffer González. La promesa de un registro de cabildeo era parte de la plataforma de gobierno del Partido Nuevo Progresista.

“Toda persona jurídica, toda entidad que lleve a cabo cualquier función relacionada al cabildeo tiene que registrarse en el Departamento de Estado”, señaló el representante Víctor Parés, presidente de la Comisión de Gobierno, que evaluó la medida.

Los 53 representantes participaron de la votación.

La legislación, además de crear un registro, dispone que ningún contratista del gobierno, sea en el Ejecutivo o Legislativo, podrá ejercer las funciones de cabildero. Asimismo, los obliga a rendir informes anuales ante las secretarías del Senado, la Cámara de Representantes y el Tribunal Supremo con el detalle de las visitas realizadas y resultados, si alguno.

Como parte de la discusión, a la medida de Méndez, se le incorporaron varios asuntos traídos a la mesa por la gobernadora, como el lenguaje dirigido a garantizar que el acceso al registro sea gratuito.

El proyecto también les impediría a los oficiales o empleados de las ramas Ejecutiva o Legislativa ejercer la profesión de cabildero por un periodo de un año luego de cesar sus funciones en el cargo.

Aunque los señalamientos hacia la labor del cabildeo han sido levantados por años, recientemente ciertos sectores del país han cuestionado –por posible conflicto ético– la designación de Francisco Domenech como secretario de la Gobernación y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), ya que, hasta el 31 de diciembre, un día antes de su nominación, mantuvo lazos con la firma de cabildeo Politank, que cofundó con el expresidente del Senado Kenneth McClintock. En una entrevista reciente con El Nuevo Día, Domenech afirmó que vendió su participación en la firma de cabildeo; además, ha descartado cualquier conflicto.

“Yo creo que es el paso correcto, el paso inicial para que haya una transparencia total en el gobierno y podamos seguirle devolviendo a la gente de este territorio, a nuestra gente, la confianza en su gobierno”, expresó, por su parte, el presidente de la Cámara.

Méndez sostuvo que, a pesar de que el cabildeo es una acción “legítima” y “reconocida”, ha carecido de transparencia sobre quién está ejecutando esta labor, con quienes se reúne y qué paga reciben por las gestiones realizadas.

El requisito de registro se extendería a cualquier organización o persona, natural o jurídica que realice gestiones de cabildeo. Para registrarse y mantener activo dicha certificación, el cabildero o entidad deberá pagar $250 anualmente.

Toda persona o entidad de cabildeo que incumpla con los términos de esta ley, de ser firmada por la gobernadora, estará impedida de practicar el cabildeo durante un término no menor de 10 años y podría ser sancionada con una multa de $10,000 o con pena de reclusión de tres años.

En el caso de las personas jurídicas convictas, la multa a pagar sería de $25,000.

Un “cabildero”, según la medida, es cualquier persona natural o jurídica, ya sea empleado o contratado por un cliente para que lo represente en esas gestiones a cambio de alguna forma de compensación, pago o retribución.

“Se tienen que acabar los San Benito, las San María y los San José que se meten aquí a cabildear como no es”, señaló, por su parte, el representante penepé Luis “Junior” Pérez Ortiz.

El portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño, Denis Márquez, aclaró que la legislación no va en contra o limita las acciones que llevan a cabo comunidades, entidades sin fines de lucro e individuos para adelantar una causa, sin recibir compensación.

“Las comunidades, los grupos de interés, las organizaciones que defienden derechos de diversidad de acciones en Puerto Rico entiendan que, en la Rama Legislativa, donde particularmente se genera la política pública, pueden seguir llevando a cabo sus acciones de cabildeo”, dijo Márquez.

Al tomar un turno sobre la medida, indicó que confía en que el proyecto no se convierte “en letra muerta” y que, como dispone, se impongan sanciones a las personas que “por el lucro” utilicen de manera ilegal el “privilegio” de cabildear mediante pago.

“Cabilderos pueden ser todos los ciudadanos, pero no todos cobran por hacer una gestión, y es importante que el país sepa qué gestiones realizan estos profesionales”, declaró, por su parte, el portavoz del Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer Santiago.