En momentos en que se evaluaba la designación de Verónica Ferraiuoli como secretaria de Estado en vista pública, la Cámara de Representantes aprobó por descargue y sin la presencia de varios legisladores el Proyecto del Senado (PS) 1 que, según sectores, permitiría que empleados públicos se nieguen a proveer servicios al amparo de sus creencias religiosas.

La misma suerte corrió el PS 350, que prohíbe los tratamientos hormonales y cirugías de afirmación de género en personas menores de 21 años. Ambas medidas fueron aprobadas a viva voz -no en votación final al momento de esta publicación- y sin enmiendas. Al momento de la votación, estaban presentes 37 de los 58 legisladores, según el pase de lista.

Al no hacérsele cambios en la Cámara, los proyectos de ley -una vez aprobados en votación final- estarían listos para pasar a La Fortaleza ante la consideración de la gobernadora Jenniffer González.

“Hoy más que nunca, ante las agendas globales que intentan desestabilizar la familia y la soberanía de las naciones, nos toca hacer una defensa común de la libertad de pensamiento y de religión. Este es el paso correcto”, señaló la representante por Proyecto Dignidad, Lisie Burgos.

Burgos -la única que tomó un turno a favor de la medida- repasó algunos de los pleitos que se han presentado, a su juicio, en contra de la libertad religiosa. A modo de ejemplo, mencionó un caso incoado por Humanistas Seculares de Puerto Rico para declarar ilegal los períodos de oración en las escuelas públicas porque supestamente violentaban la separación de Iglesia y Estado.

“No es cierto que decidimos creer para odiar, pero parecería ser un hecho que se tiende a odiar al que decide creer libremente desde cualquier espacio o lugar. El fanatismo y las prácticas contrarias a la dignidad humana no se justifican y, mucho menos, cuando se realizan en nombre de la religión”, agregó la representante durante la sesión.

Algunos opositores al PS 1, como el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico, han planteado que el derecho a la libertad religiosa ya está protegido por jurisprudencia y normativa constitucional, y que no han identificado conductas de “persecución” o “represión” contra ningún sector de fe que justifique la aprobación de la legislación.

No obstante, quienes defienden el proyecto han dicho que tiene el propósito de reconocer la libertad religiosa como un derecho fundamental que cobija a todo ciudadano en diversos contextos, incluyendo a empleados de las tres ramas de gobierno, y establece remedios legales para aquellas personas que entiendan se les ha coartado esa garantía.

Asimismo, quienes promueven la medida sostienen que reconoce el derecho de los padres y madres, en el caso de una epidemia, “a negarse a que sus hijos sean vacunados” y “que el Estado no puede imponer multas o penas de cárcel a los padres que, por sus creencias religiosas, no quieran inmunizar a sus hijos”.

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Santiago, cuestionó el trabajo legislativo de la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP), al atender la medida por descargue, sin discusión en vistas públicas y sin permitir el debate en el hemiciclo.

“No han permitido una evaluación seria sobre la nominada secretaria de Estado, ni sobre proyectos importantes como los relacionados a libertad religiosa. No vamos a quedarnos callados mientras la mayoría intenta pisotear el reglamento y actúan a espaldas del país”, denunció Ferrer Santiago.

El PS 350, además de prohibir los tratamientos hormonales y cirugías de afirmación de género en personas menores de 21 años, impide el financiamiento de los tratamientos hormonales con fondos públicos, que tampoco podrían utilizarse para “promover, asistir o avalar” las cirugías de afirmación.

Las intervenciones prohibidas incluyen los tratamientos hormonales –que se emplean en algunas transiciones de género–, como bloqueadores, progesterona, estrógeno o testosterona. Asimismo, se suprimirían las cirugías que “modifiquen o eliminen órganos sexuales con el objetivo de alterar su función biológica natural, así como intervenciones destinadas a alinear la apariencia física de un menor con una identidad distinta a su sexo biológico”.

“En los últimos años, ha cobrado fuerza un movimiento de carácter experimental que pone en riesgo el bienestar físico, emocional y psicológico de nuestra niñez y adolescencia. Este movimiento promueve la idea de que existen niños que nacen con cuerpos equivocados, impulsando así las intervenciones médicas que buscan forzar una llamada transición al sexo opuesto”, argumentó Burgos.

El portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez, cuestionó también el que no se le concediera un turno para dejar en récord la postura en contra de la delegación. “En el buen argot legislativo, ‘nos pasaron el rolo’”, señaló Márquez.

“Tanto que se criticaba por el PNP los descargues el cuatrienio pasado, y ya estamos viendo las mismas conductas en proyectos importantes, en proyectos que, si bien tienen los votos para aprobarlos, uno quiere dejar en récord la posición de partido”, aseveró.

Márquez sostuvo que, en Puerto Rico, no existe un problema de libertad religiosa, que los cambios que se promueven a la política de vacunación son un peligro a la salud pública y que el concepto de acomodo razonable en el servicio público va dirigido a legalizar el discrimen contra la comunidad LGBTQ+.

“Me parece que esto es terrible para un país que dice respetar los derechos humanos, y que no se nos haya permitido hablar y presentar nuestra posición representa todo lo contrario a lo que ellos hablan”, señaló el legislador del PIP.