En medio de críticas y cuestionamientos de las minorías legislativas por lo “atropellado” del proceso y la poca transparencia, el liderato de la Cámara de Representantes atenderá este lunes las designaciones de la licenciada Verónica Ferraiuoli a la secretaría del Departamento de Estado, y de los jueces Jorge Rivera Rueda y Cyndia Irizarry Casiano como presidente y presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

“En Puerto Rico, se hacen simulacros por terremotos, tsunamis, y esto es un simulacro de vistas públicas... Van a traer a tres personas proforma para, obviamente, aprobar sus nombramientos”, sostuvo el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Cámara, Denis Márquez. “No hay transparencia”, apuntó.

Las tres designaciones serán atendidas en vista pública y llevadas a votación este lunes ante el pleno cameral, anticipó a este medio el presidente de la Comisión cameral de Gobierno, Víctor Parés. La vista pública de Ferraiuoli está citada para las 10:00 a.m., y tres horas después serán considerados Rivera Rueda e Irizarry Casiano.

La sesión en la que se atenderían los nombramientos fue convocada para comenzar a las 11:00 a.m.

A las minorías legislativas, en tanto, las convocaron a las 8:30 a.m. a la oficina del presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, para que evalúen el expediente de Ferraiuoli. En el encuentro, también participaría la nominada, dijo Parés.

“Pretenden que evaluemos en hora y media lo que le tomó a ella casi 100 días someter, así de atropellado va a ser el proceso... El que se le dé una hora y media a las delegaciones de minorías a quien perjudica es a la candidata”, expuso, por su parte, el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara, Héctor Ferrer Santiago.

Los nombramientos de Rivera Rueda e Irizarry Casiano están ante la consideración de la Legislatura desde el 2 de abril. La designación de Ferraiuoli fue presentada por la gobernadora Jenniffer González el 2 de enero, pero no fue hasta el viernes que la licenciada cumplió con los requerimientos para su evaluación.

A juicio de Parés, el tiempo concedido a los legisladores del PIP, el PPD y Proyecto Dignidad para hacer el análisis es suficiente, pues se trata de documentos “sencillos de examinar”.

“De una ojeada, cualquier persona puede mirar y apuntar... No es un contrato de una APP (alianza público privada) que, obviamente, exige que se tenga más tiempo y es más técnico”, señaló.

Los jueces necesitan del aval de dos terceras partes de los miembros en ambas cámaras tras ser rechazados por los comisionados electorales del PPD y el PIP. En la Cámara, eso supone 36 votos. Mientras, contra Ferraiuoli, se han levantado preocupaciones por el “poder” que ostenta sobre los asuntos del gobierno junto a su esposo, Francisco Domenech, secretario de la Gobernación y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal. La designada también ocupa la jefatura de la Autoridad del Distrito de Convenciones.

“Estamos hablando que ese poder, en un solo matrimonio, levanta una serie de preguntas y cuestionamientos que yo creo que, más allá del currículo y la estrecha relación de ambos con la gobernadora, requieren un análisis pensado y responsable por parte de los legisladores”, expuso Márquez.

La portavoz de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos, anticipó su voto en contra de Ferraiuoli. Ante el poco tiempo para evaluar el expediente y lo atropellada que anticipa será la vista pública, hay pocas probabilidades que sus interrogantes sean contestadas, indicó.

“Yo no veo que haya la transparencia que ellos dijeron que iba a haber cuando hay tantas preguntas por hacer... Me preocupa mucho los escándalos que se han dado con (el secretario de Salud), Víctor Ramos y su trabajo como abogada del Colegio de Médicos Cirujanos”, expuso.

El legislador por el PIP indicó, en tanto, que la delegación, que integra también la representante Adriana Gutiérrez, no ha decidido si participará de la vista pública en la que se evaluarán los nominados a la CEE, aunque reconoció que están “inclinados a no asistir”. La colectividad ya tiene una posición hecha sobre ambos candidatos, y a esto se suma que ”la suerte está echada”, señaló.

Aunque, en efecto, parecería que el destino de los nominados ya está predeterminado, el expresidente del PPD y experto en derecho electoral Héctor Luis Acevedo reclamó ayer a la gobernadora que mantenga abierta la posibilidad de un consenso, y recordó que en ocho de 10 ocasiones se ha logrado hacer los nombramientos a la CEE por unanimidad.

“Estamos ante una encrucijada en nuestra vida de pueblo que requiere elevar nuestras acciones a la altura de nuestros mejores principios y no dejarse llevar por la prestancia partidista en asuntos cruciales para nuestro entorno democrático”, expuso Acevedo, en declaraciones escritas.

El Código Electoral establece que los comisionados electorales tienen 30 días naturales para hacer su determinación respecto a los nominados a la CEE, una vez se le someten los candidatos, que deben ser jueces. Ese plazo vencía el 16 de abril.

De no haber consenso, le corresponde al gobernador de turno hacer los nombramientos, que requerirán el consejo y consentimiento de dos terceras partes del total de los miembros de ambas cámaras.

Según Acevedo, la norma acordada, desde 1983, es que el presidente de la CEE cuente con el respaldo de más de un partido político. “Se ha sometido un nombramiento a la presidencia de la CEE carente de esfuerzo real de búsqueda de consenso y por una persona rechazada anteriormente por todos los partidos de oposición″, expuso.

Ambos jueces fueron nominados por el exgobernador Pedro Pierluisi el cuatrienio pasado y fueron rechazados por los comisionados electorales.

“La gobernadora, en vez de permitir el diálogo en la CEE con la presentación de más de un candidato a los puestos, descansó en que son los dos candidatos que tienen... Pero eso no me sorprende. Cuando se llega a los 100 días de gobierno y hay cero resultados, la improvisación y el querer comunicar que se está haciendo algo es lo que se va a pretender hacer”, dijo, por su parte, el representante popular Ferrer Santiago.