El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, informó este domingo que dicho cuerpo legislativo investigará -con la asesoría de personal experto- las finanzas y operaciones de todas las alianzas público-privadas suscritas por el gobierno de Puerto Rico, incluyendo el contrato otorgado a LUMA Energy para la operación del sistema de transmisión y distribución.

A tales efectos, la Cámara de Representantes aprobó, a viva voz, la Resolución de la Cámara 1182, de la autoría del líder legislativo, quien anticipó que se autoconvocarán este próximo 15 de agosto para atender el asunto y dar a conocer públicamente la información obtenida hasta entonces. La sesión ordinaria -la última de este cuatrienio- culmina el próximo 30 de junio.

“Vamos a identificar el origen y el impacto causado por todo acto delictivo o negligencia. Finalmente, los puertorriqueños, los que pagamos por sus servicios, podremos identificar a los responsables que se esconden detrás de la burocracia gubernamental o corporativa para que se tomen todas acciones legales aplicables y se acabe la impunidad”, expuso Hernández Montañez.

Para esta investigación, dijo, contratarán un auditor financiero forense, quien se centrará, entre otras cosas, en mirar el manejo y administración de los fondos federales recibidos por cada uno de estos privados. Uno de los puntos a analizar detenidamente, agregó, es que este dinero -asignado para usos determinados- no esté siendo utilizado para sufragar asuntos operacionales.

“Que no le quepa la menor duda a estas corporaciones que investigaremos a fondo, y si en el proceso descubrimos que están usando dinero federal no reembolsable para su operación, para luego reclamar sus déficits al Gobierno o hacer algún movimiento ilegal, tendrán que devolver hasta el último centavo de su propio pecunio”, advirtió el legislador.

El líder del Partido Popular Democrático (PPD) señaló, además, que desde la primera privatización, que fue la operación del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, la Autoridad de Puertos ni la Autoridad para las Alianzas Público Privadas han realizado alguna auditoría financiera forense, lo que, a su juicio, denota “una seria ineficiencia por parte del Gobierno para fiscalizar correctamente el uso de los fondos federales asignados”.

Fue en 2012 que el gobierno cedió la operación del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina. Posteriormente, vinieron otras transacciones, como la administración de la red de transmisión y distribución eléctrica, a cargo de LUMA, el mantenimiento de la autopista PR-22 y la PR-5, que está en manos de Metropistas, y el funcionamiento de la flota generatriz del país, responsabilidad de Genera PR.

No obstante, es la privatización del sistema eléctrico bajo LUMA la que ha estado bajo un mayor escrutinio recientemente, luego de que el pasado miércoles, 12 de junio 2024, un apagón dejara sin servicio de energía a alrededor de 340,000 abonados a través de toda la isla. “Las implicaciones de estos sucesos atentan contra la seguridad de los ciudadanos y la credibilidad del sistema energético”, lee la medida.

“Para el 15 de agosto ya deben haber unos pasos dados, aunque no creo que está la totalidad de la información. La parte procesal de cuál va a ser la acción que tomaremos dependerá, precisamente, de lo que se obtenga. Lo que sea que tengamos para entonces, lo haremos público”, expuso Hernández Montañez.